Pobladores de ocho poblaciones de los departamentos de Canelones, Florida y Durazno alcanzaron las firmas necesarias para poner a votación un proyecto de ley que impida que la vía atraviese su zona urbana.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 14/1/2019.
En la última semana, vecinos de la ciudad de Durazno alcanzaron las firmas del 15 por ciento del padrón electoral requeridas por el artículo 305 de la Constitución para poder presentar la iniciativa popular sobre el tren de UPM ante la Junta Departamental. A la capital duraznense se suman las de Florida y Canelones, además de las localidades de Santa Bernardina, Sarandí Grande, 25 de mayo, 25 de agosto y Joanicó.
Según la disposición constitucional: “El 15 por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción”. En el trámite de las iniciativas rigen la ley 19.272 de 2014 sobre creación de los municipios y la ley 9.515 de 1935 sobre el gobierno y la administración municipales.
Por el artículo 79 de la ley 9.515, la Junta Departamental «deberá pronunciarse dentro de los sesenta días de recibida la iniciativa, y, en caso de resolución negativa, lo hará saber al Intendente a fin de que proceda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76». Según este artículo, el Intendente debe convocar a un referéndum entre los 30 y los 60 días siguientes a la fecha de presentadas las peticiones.
La presentación de estas iniciativas a cuatro meses de las elecciones municipales a celebrarse el 10 de mayo próximo es un desafío para los gobiernos departamentales. Para los actuales porque esta iniciativa evidencia que no ejercieron sus atribuciones para modificar el proyecto del tren y para los candidatos a la sucesión porque el éxito de la campaña dependerá de la posición que adopten sobre este asunto.
Mucho más cuando los impulsores de las iniciativas no se han limitado simplemente a oponerse al proyecto del gobierno nacional, ya adjudicado a un altísimo costo al Grupo Vía Central encabezado por las empresas Saceem y Sacyr. En algunas ciudades, los vecinos consultaron a técnicos que elaboraron proyectos alternativos para el trazado del tren de UPM demostrando la conveniencia y viabilidad de los mismos.
A medida que los vecinos avanzaban en la recolección de firmas para poder presentar las iniciativas e incluso asesorarse sobre posibles soluciones técnicas del problema, comenzaron a producirse cambios significativos en algunas autoridades. Uno de esos casos es el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, defensor de UPM y candidato a la reelección, que ha confesado tener “el sueño” de un cuarto mandato.
Al parecer, Vidalín conoció la frecuencia del tren de UPM en una reunión con vecinos que lo cuestionan y técnicos de Saceem. Desde entonces, comenzó a manifestarse preocupado y dijo que, si la población tiene dudas, convocará a un referéndum. Pero advirtió: “Ojo, no impidamos el progreso. Acá hay que tratar de ser objetivos, que no se nos suban al carro los seudoecologistas que están contra UPM”.
Propuestas alternativas
El referéndum no depende del Intendente. “El próximo paso es presentar las firmas a la Corte Electoral y nuestro proyecto a la Junta. Si aprueba la prohibición nuestra tarea finaliza y nos sentiremos victoriosos. Por el contrario, si no lo aprueba, el Intendente deberá llamar a un referéndum donde será la ciudadanía quien decida en mayo”, declaró la abogada Florencia Di Paola, representante de los vecinos.
El ingeniero José Zorrilla, docente de construcción en la Facultad de Ingeniería, diseñó dos proyectos para la ciudad de Durazno de trazado posible del tren, sin pasar por la zona urbana de la capital departamental. Zorrilla advirtió además a los pobladores sobre los riesgos que implicaría ante posibles accidentes el pasaje del tren de UPM transportando productos químicos por una zona densamente poblada.
“Un derrame de ácido por una perforación en un vagón, aún sin descarrilar, es un accidente grave”, afirmó Zorrilla. “Aparte de descarrilamientos de trenes con ácido, como los ocurridos en Estados Unidos o en Australia en 2015, en Denver una pinchadura en un vagón causó una nube de ácido sobre la ciudad que hirió a 84 personas, y hubo que desplazar a 9 mil personas”, agregó.
Por otra parte, el consultor señaló que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no requirió el permiso municipal para la obra. “Por la Constitución, la policía de construcción es en cada departamento la Intendencia. El gobierno central tiene que pedir permiso para cada obra, y los técnicos de la Intendencia la autorizan o no”, explicó. El MTOP no lo hizo y tampoco la Intendencia lo autorizó en forma expresa.
Los vecinos de Florida preocupados por el pasaje del tren de UPM por barrios de la capital confeccionaron asimismo un proyecto alternativo, asesorados en este caso por el ingeniero ferroviario argentino Marcelo Roge. Las autoridades departamentales se han mostrado receptivas a la propuesta y ésta fue presentada también a técnicos del MTOP, aunque la iniciativa deberá seguir el procedimiento establecido.
Sarandí Grande fue la primera localidad que se movilizó ante los posibles perjuicios del tránsito del tren de carga de UPM por la planta urbana del pueblo. En este caso, el MTOP aceptó la construcción de un “bypass” por fuera de la zona urbana y ya se han iniciado las expropiaciones para el trazado alternativo. No obstante, previendo algún cambio eventual, los vecinos poseen las firmas del 15% de los electores.
El Grupo Vía Central continúa esta semana las obras del tren de UPM, para lo cual ya han levantado todas las vías entre Paso de los Toros y Montevideo. Sin embargo, las iniciativas para prohibir el paso de ese tren por la zona urbana de ocho localidades, a las que se suman otras donde se están recogiendo firmas también, es una alteración significativa que puede afectar incluso el proyecto de planta de celulosa.
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