Situación del Sistema Acuífero Guaraní

 Los principales objetivos del proyecto internacional para la protección y desarrollo sostenible del Acuífero Guaraní no fueron cumplidos y, en cambio, se han permitido actividades mineras, agrícolas y forestales que lo han llevado a una situación crítica.

Comentario de Graciela Piñeiro (*), 19/2/2017.

En el año 2002-2003 se elaboró y se acordó la ejecución del PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SISTEMA ACUÍFERO GUARANÍ Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, financiado por el Banco Mundial (BM) y administrado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA). Pero también, por alguna razón, lo apoyaron los gobiernos de Holanda y Alemania y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Es muy importante analizar a fondo estos acuerdos, los cuales, para nada defienden nuestra soberanía respecto del SAG. El «acuerdo» que propició el BM no hizo más que minimizar la importancia del acuífero, generar miles de comisiones, agencias, etc. que finalmente no funcionaron para proteger al acuífero, sino que fueron creadas para asegurar la gestión del SAG siguiendo los lineamientos impuestos por el BM y otras organizaciones que mantienen «el orden mundial».

Entre los objetivos planteados por ese proyecto de 2003 se pueden destacar:

1. La expansión y consolidación del conocimiento científico a cerca del Acuífero en base al «desarrollo e integración» del SISAG – Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní (fue poco desarrollado).
2. El desarrollo e implementación conjunta de un marco regulatorio de manejo del Acuífero (se intenta pero no se consigue hasta el momento).
3. La consideración del potencial geotérmico para la generación de energía eléctrica (para este sí se busca incrementar los datos!).

En verdad, el estudio del acuífero para incrementar su conocimiento fue un gran verso, y el acuerdo BM y otros no ha salvaguardado al SAG, sino todo lo contrario!, lo ha llevado a una situación crítica como la actual, permitiendo:

1. Realizar actividades mineras en áreas sensibles, con utilización de químicos muy contaminantes en las zonas cercanas a la principal recarga del acuífero (e.g. explotación de oro en Rivera);
2. Promocionar, por otra parte, la expansión de monocultivos transgénicos con el consabido paquete de sustancias tóxicas que los acompaña, de los cuales se han vertido billones de litros sobre el acuífero desde antes de 2002 a la fecha;
3. Incentivar la desforestación de vegetación autóctona (protectora de los acuíferos) ya sea para el monocultivo sojero o la reforestación con especies exóticas, materia prima para la instalación de mega-emprendimientos celulósicos sobre los principales ríos que alimentan la cuenca hidrográfica del Río de la Plata, la cual enmarca la extensión del SAG.

Los «arboles» con los que se han sustituido los montes, las praderas y las selvas, son mayoritariamente especies genéticamente modificadas para crecer más rápido y captar más agua… de los acuíferos.

Pero no quiero olvidarme de la multiplicación de las destructivas y pro-contaminantes micro-represas que pululan sobre estos ríos sudamericanos que enmarcan al SAG, las cuales también han sido aprobadas sin mediar ninguna queja de los que en aquella oportunidad, en el año 2003, se reunieron con todas las pompas y lujos pagados por el BM a establecer normas que supuestamente irían a proteger al SAG de la contaminación. Tan solo escribirlo, me produce alguna náusea.

Pero volviendo al afán del BM de «proteger» al SAG, hubo un segundo intento en agosto de 2012, esta vez con un ímpetu muy inusitado por parte de la delegación uruguaya, apoyada por la argentina. Tengo entendido que Brasil deliberadamente quiso estudiar mejor el proyecto que al parecer, eliminaba la autonomía de decisión de las naciones que comparten el acuífero sobre la realización de cualquier tipo de actividad sobre el mismo y Paraguay no lo ratificó por sus problemas políticos internos que acompañaron la destitución de su presidente. Supongo que el razonamiento de los brasileros es que si existe un acuerdo, y se da una instancia de mayorías (3 a 1), el acuerdo podría salvar al acuífero, pero también perjudicarlo para siempre.

Establecer un acuerdo como el que demandan Uruguay y Argentina requiere de un conocimiento cabal de la calidad ACTUAL de las aguas del acuífero en sus áreas de confinamiento.

Desconocemos realmente si el agua contiene contaminantes como han sugerido algunos autores (e.g. Montaño, Goso, etc.). La detección de niveles de sal, carbonatos y de arsénico en el agua de varios pozos debería ser merecedora de un seguimiento y estudio meticulosos y no puede quedar archivado en un resumen publicado en la revista de la Sociedad de Geología del Uruguay.

Por otra parte, el acuerdo debe ser muy claro y específico respecto de los proyectos y actividades que quedarán absolutamente prohibidas sobre el área de extensión del SAG. De otra forma, la ambigüedad, que siempre ha sido la mejor amiga de los poderosos e inescrupulosos que casi siempre llegan a los gobiernos, hará que las cosas sigan tan mal como hasta ahora.

(*) Dr. Graciela Piñeiro, Profesor Adjunto Grado 3 DT. Docente e investigadora del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.