El presidente Tabaré Vázquez se comprometió a cambiar la cuestionada reglamentación de la Ley de Recursos Hidrobiológicos, pero la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos la está implementando igual.
Víctor L. Bacchetta (en Sudestada, 25/8/2018)
A raíz de una solicitud de autorización de pesca científica por tratarse de un trabajo en una zona del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, (DINARA), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tras autorizarla desde el punto de vista técnico, exigió un compromiso por escrito de no divulgar los datos obtenidos sin su autorización.
«El solicitante debe comprometerse expresamente y por escrito a no dar a publicidad los datos obtenidos sin la autorización expresa de la DINARA y a permitir el control de las actividades desarrolladas por parte de los técnicos que la DINARA determine», señala la resolución refrendada por el director del organismo, Andrés Domingo.
Este es, justamente, uno de los puntos más cuestionados del Decreto 115/018, del 24 de abril, que reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (N° 19.175), de diciembre de 2013, que sustituyó a la Ley de Pesca (N° 13.833) del año 1969. Toda la academia reaccionó ante las disposiciones del decreto que cercenan la libertad de investigación con fines docentes y científicos, así como la divulgación de los resultados.
La solicitud fue realizada por un docente de la Facultad de Ciencias para investigar los impactos de la carpa, una especie exótica invasora, en los humedales del río Santa Lucía, para el trabajo de pasantía de grado de dos estudiantes. La escasa entidad de esta investigación evidencia que desde la DINARA se quiere reafirmar la vigencia del decreto en los aspectos que generan mayor resistencia académica.
A fines de julio, el Rector de la Universidad, Roberto Markarián, aseguró que el presidente Tabaré Vázquez le manifestó su intención de eliminar varios puntos del Decreto 115/018 que restringen la libertad de investigación. Con esa finalidad se constituyó una comisión integrada por representantes de las carteras de Ganadería, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Defensa.
¿Discordancias dentro del gobierno?
Ese decreto parece haber suscitado controversia también dentro del gobierno, que se manifiesta en diferentes actitudes. Se conoció, por ejemplo, que se llegó a elaborar el borrador de un decreto que suspendía por 120 días la aplicación del Decreto 115/018 mientras se estudiaba su modificación y no consiguió ser aprobado.
El 3 de agosto, el Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en respuesta a decenas de investigadores, manifestó estar «muy preocupado por los impactos en la generación y divulgación de conocimiento y en la formación de recursos humanos relacionados a los ecosistemas acuáticos marinos y continentales, que podría tener la actual redacción de algunas partes de este decreto».
La ANII, órgano del Poder Ejecutivo, comentó asimismo que, en una entrevista con los secretarios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Manta, y de Transformación Productiva y Competitividad, Álvaro Ons, donde les transmitieron sus preocupaciones, éstos informaron que la comisión interministerial designada al efecto le presentaría en breve a la Universidad una redacción alternativa del decreto de marras.
Tres semanas más tarde, había trascendidos de que la nueva redacción del Decreto 115/018 ya se encontraba acordada y firmada por los cuatro ministerios integrantes de la referida comisión y que estaría pronta para ser elevada al presidente Tabaré Vázquez, pero hasta entonces la Universidad de la República no había sido consultada ni le habían sido mostradas las modificaciones introducidas.
«Aunque no es obligatorio, nosotros hicimos la solicitud de conocer el nuevo decreto antes de que sea aprobado», declaró a Sudestada la Vice-rectora de Investigación de la UdelaR, Cecilia Fernández. «Eso no sucedió, aunque si sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente tenía preocupaciones similares a las nuestras y que habrían quedado satisfechos con las modificaciones», agregó.
«De todas maneras, si el nuevo texto aprobado no responde a nuestros objeciones, recurriremos a todas las vías posibles», afirmó Fernández y mencionó que el Rector Markarían había informado en la sesión del Consejo Directivo Central del último martes que, ante cualquier eventualidad, cuentan con un informe de la Dirección General Jurídica para respaldar las impugnaciones del decreto.
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