Cambio de reglas en la agroecología

El empantanamiento de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología y el cese del sistema de certificación participativa replantean la producción orgánica en el país.

Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 3/8/2021.

En diciembre de 2018 el Parlamento aprobó por unanimidad la Ley de Agroecología (N° 19.717) que declaró “de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica”. Por esta ley, los sujetos principales, no los únicos, son “los productores familiares agropecuarios, así como los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana”.

La ley define como agroecología “la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles” y creó la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología en el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Esta comisión debe “elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan” para promover y desarrollar la agroecología.

Culminaba así un proceso de más de 30 años desde el surgimiento de los primeros proyectos agropecuarios de producción orgánica y más de 17 años desde la Ley Nº 17.296, del 21 de febrero de 2001, que dispuso que “la certificación de los productos orgánicos o provenientes de sistemas de producción de la agricultura integrada” sería efectuada por el MGAP o por entidades oficialmente reconocidas y registradas.

El decreto 557/008 que reglamentó esta ley, creó el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica para garantizar que la calidad de los productos orgánicos se ajuste a las exigencias del Sistema y sólo los que adhieran formalmente al mismo y cumplan sus normas puedan utilizar en sus productos las expresiones “orgánicos”, “ecológicos” o “biológicos” y colocar la marca que exprese esa calidad.

“Se entiende por producción orgánica, ecológica o biológica, en adelante orgánica, todo método de producción sustentable en el tiempo que, mediante el manejo racional, preserve los recursos naturales, la diversidad biológica y el medio ambiente, sin la utilización de productos de síntesis química ni de organismos genéticamente modificados (OGM) o derivados de éstos”, señala el decreto.

El sistema reconoció dos formas de certificación, por Terceras Partes, sea nacional o extranjera, pública o privada, y por un Sistema Participativo de Garantía (SPG). Las entidades de certificación participativa deben contar con personería jurídica nacional y estar constituidas por organizaciones con representación obligatoria de productores y consumidores, además de poder incluir a otras entidades, técnicos, etc.

En 2008 además de la Sociedad de Consumidores de Productos Biológicos, de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), estaba habilitada desde 1999 la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay (ACAEU), que es el sistema participativo de la Red de Agroecología del Uruguay (RAU), creada en 2005, que nuclea a productores familiares, grupos de consumidores y técnicos.

La Comisión Honoraria creada por la ley N°19.717 se abocó a la elaboración del Plan Nacional de Agroecología (PNA) y aprobó por consenso la primera versión en febrero de 2020. El gobierno entrante el 1° de marzo debía designar a sus representantes en la Comisión, sobre todo el del MGAP, que es quien la preside y el único que puede convocarla, pero pasaron seis meses sin que se hiciera el nombramiento.

En el ínterin, se discutió en el Parlamento la ley de presupuesto. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no incluía recursos para el PNA, pero las gestiones de algunas entidades de la Comisión lograron que le asignaran dos millones frente a 15 millones de pesos solicitados, posibilitando al menos un funcionamiento mínimo.

Colapso del sistema de certificación

La representación del MGAP recayó sobre Eduardo Blasina, director de una consultora agropecuaria. El nuevo presidente planteó varias objeciones al plan elaborado y alertó que, si no eran tenidas en cuenta, no recomendaría su aprobación al ministro. Se puso en cuestión si la comisión es, por la ley, la instancia final de decisión sobre el Plan de Agroecología o si la última palabra le corresponde al titular del MGAP.

“El MGAP es el responsable de diseñar, implementar y evaluar todas las políticas agropecuarias de Uruguay, incluida la de agroecología”, enfatizó Blasina en una comunicación a la comisión en abril pasado. En cambio, las redes de Agroecología, Semillas Nativas y Huertas Comunitarias, entre otras entidades, consideran que el presidente, que cuenta con doble voto, es un miembro más del organismo.
La Ley de Agroecología, que para algunos ya era “política de Estado” al ser aprobada por unanimidad, experimentó de esta manera un cambio brusco bajo el gobierno de la coalición multicolor. A las diferencias sobre contenidos del Plan y el rol de la Comisión, que paralizaron prácticamente los trabajos, se le agregaron en julio dos decisiones del MGAP que replantearon desde cero las reglas del sistema de certificación.

El 14 julio último, jerarcas del MGAP, de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSSAA), la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) y del Sistema Nacional de Certificación Orgánica, convocaron a representantes de la Red de Agroecología del Uruguay y su sistema de certificación (ACAEU-RAU) para anunciarles que, desde ese momento, cesaban completamente sus actividades de certificación.

De acuerdo con un comunicado de la RAU, las autoridades del MGAP manifestaron su reconocimiento del trabajo realizado por el sistema ACAEU-RAU, que los certificados emitidos por ACAEU hasta esa fecha mantienen la validez hasta su vencimiento, que el MGAP estaba revisando la normativa de certificación de productos orgánicos y que mientras tanto el ministerio asumirá la función de certificación en el sector.

Hasta el 14 de julio, el sistema ACAEU-RAU tenía 17 años funcionando y era el único medio de certificación existente en el país. Desde ese momento, estas actividades de certificación fueron suspendidas hasta tanto el MGAP dicte una resolución definitiva sobre los expedientes en trámite. El 28 de julio, ACAEU-RAU presentó por escrito la evacuación de esa vista, continuando el proceso administrativo en trámite.

El 26 de julio, el MGAP dio a conocer las modificaciones que venía estudiando por medio de dos resoluciones: una referida a la certificación de la producción orgánica en Uruguay y la otra acerca del reconocimiento nacional como tales de los productos importados certificados en el exterior. Estas resoluciones vuelven a reglamentar lo dispuesto por la ley Nº 17.296, de 2001, y el decreto 557/008, del año 2008.

Por las resoluciones del MGAP, de ahora en adelante, se aplicará a los sistemas de producción orgánica que se comercializan en el país las normas del Reglamento de la Comunidad Europea (CE Nº 834/2007). Transitoriamente, la DGSSAA otorgará las certificaciones mientras no haya entidades habilitadas y se convoca a las entidades certificadoras a postularse para obtener su inscripción en el registro oficial.

Paralelamente, hay tres proyectos de ley relacionados con la certificación de productos orgánicos. Uno de la diputada Alexandra Inzaurralde, del Partido Nacional, que declara “de interés general” la certificación, la Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo que modifica el artículo 215 de la ley N° 17.296 y la propuesta de creación del Instituto Nacional de la Granja, que incluye disposiciones sobre la certificación.

El Plan de Agroecología en el limbo

El desencadenamiento de estos hechos ha generado una gran preocupación entre la Red de Agroecología (RAU) y las otras entidades vinculadas a la producción orgánica, que están constituidas básicamente por productores familiares, técnicos y académicos, así como grupos de consumidores, que han venido superando no pocos obstáculos en las últimas décadas para alcanzar el desarrollo y el reconocimiento actual.“Las modificaciones propuestas deben considerar las más amplias opciones de certificación para todos los actores vinculados a la producción, en especial la agricultura familiar agroecológica, con más de 35 años de aportes a la soberanía alimentaria del país”, expresa el comunicado de la RAU e informa que solicitó ser recibida en el Parlamento para aportar al debate de los proyectos en curso.

“Esto incluye en particular a los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), tal como ha sido definido por la normativa vigente hasta la fecha, y como lo recomiendan organizaciones de máximo prestigio en el sector orgánico como el Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía o la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM)”, agrega la red uruguaya.

Los Sistemas Participativos de Garantía que promueven la producción orgánica son una herramienta basada en la participación de productores y consumidores a través de organizaciones representativas. Son especialmente apropiados para los productores familiares por ser económicamente más accesibles que las empresas certificadoras, sin que esto vaya en desmedro de la calidad ecológica de sus productos.En este sentido, el Decreto 557/008 previó la habilitación de ambos sistemas, el de Terceras Partes y el participativo. El sistema de la Red de Agroecología ha sido el único aplicado hasta el presente en el país, sin que otros estuvieran excluidos. En principio, la nueva normativa definida por el MGAP no cuestiona esta situación, aunque habrá que esperar a ver cómo se implementa en los hechos.

“Nuestra postura indeclinable será la de siempre defender, mejorar, ampliar y profundizar la agricultura orgánica (biológica, ecológica, agroecológica) en todos sus aspectos, y en particular la imprescindible garantía incluyente y participativa. A eso estamos abocados desde nuestra creación en 2005, recogiendo la posta de lo iniciado por tantos y tantas, desde hace más de 35 años en nuestro país”, expresa la RAU.
La agroecología en Uruguay pasó por varias etapas, desde las dificultades propias de plantear algo diferente al sistema de producción basado en insumos químicos, siendo luego aceptada la coexistencia en tanto no configurara una alternativa, consolidar más tarde la práctica y ser reconocida en los espacios académicos, hasta ser incluida en proyectos institucionales de enseñanza primaria y de algunas intendencias.

En esta historia se abre, desde 2010 en adelante, una nueva etapa de “cooptación y resistencia”, de acuerdo con un estudio realizado en 2015 por la Ing. Agr. Dra. Inés Gazzano, directora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía, y el Ing. Agr. Alberto Gómez, técnico del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) y de la Red de Agroecología, respectivamente (*).

Los autores se refieren a la cooptación de elementos centrales de la agroecología por el discurso de otros actores internacionales y nacionales. Se manifiesta en políticas públicas y líneas de investigación centradas en la intensificación productiva bajo el mismo modelo de agricultura industrial dominante, pero agregándole los adjetivos de “agricultura sostenible”, “agricultura climáticamente inteligente”, etc.

(*) Agroecología en Uruguay, Inés Gazzano Santos y Alberto Gómez Perazzoli, en Agroecología Vol 10 (2), pág. 103, Universidad de Murcia, España, 2015.