A menos de un año de ser construido, el cerco para impedir el acceso de personas y animales a un área contaminada con mercurio por la planta de Efice estaba roto y vencido por las mareas.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 13/5/2019.
El jueves 9 de mayo se realizó la interpelación a la ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, y al presidente de OSE, Milton Machado, sobre el estado de los recursos hídricos, el consumo de agua y el proceso de potabilización. El diputado convocante, el colorado Germán Cardoso, confesó su sorpresa al saber que una parte del territorio nacional ha sido vedada para personas y animales, zona que denominó el «Chernóbil uruguayo».
Con ese nombre Cardozo aludió a la explosión en 1986 de la planta nuclear de la ex-Unión Soviética en la localidad de Chernóbil, considerada junto con el accidente de Fukushima, en Japón en 2011, como los más graves en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares. Tras el accidente en Chernóbil, se evacuó completamente y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central, que sigue vigente.
¿Qué relación puede tener esta situación con nuestro país? El interpelante se refería a la planta de Efice S.A. que ha provisto en forma casi exclusiva a OSE de los insumos básicos para la potabilización del agua: cloro, soda cáustica e hipoclorito de sodio. La tecnología en base a mercurio utilizada por esta industria se ha vuelto un problema para el país al generar un pasivo ambiental prácticamente irrecuperable.
En unas tres hectáreas vecinas de esa planta industrial, a la izquierda de la Ruta 1 en dirección a Colonia, a la altura del quilómetro 25, Efice debió construir un cerco para aislar la contaminación generada. En esa zona se han registrado entre 15 y 65 miligramos de mercurio por quilo en el suelo como consecuencia del vertido directo, a lo largo de más de 30 años, de los efluentes derivados de la producción de cloro-soda.
En junio de 2016, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ordenó a Efice la construcción del cerco, pero las dilatorias de la empresa hicieron que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) tuviera que amenazar en enero de 2017 con el cierre de la planta industrial si no lo hacía. Al final, luego de nuevas intimaciones, Efice comunicó formalmente la conclusión de las obras el 13 de diciembre de ese año.
Según el director de la Dinama, Alejandro Nario, esta debía ser una primera medida de protección, sobre todo para las 80 personas (entre junqueros, pescadores y vecinos) que frecuentaban el lugar. La inestabilidad de la acción propuesta se evidenciaba al tratarse solo de un vallado con malla de alambre y además porque gran parte del área es inundable por integrar el humedal de la desembocadura del río Santa Lucía.
Sin llegar al año de vida útil, el 11 de setiembre de 2018, una inspección de la Dinama comprobó roturas en todo el perímetro del cerco, pilares removidos en sus cimientos e inclinados junto con el tejido por las mareas que crecen hasta sobrepasar el cerco y la acumulación de resaca por el lado que da hacia el Río de la Plata, mientras que la vegetación del humedal había levantado el cerco en otros lugares.
La autoridad ambiental le dio a Efice un plazo de 90 días para realizar las reparaciones y correcciones constructivas necesarias, incluyendo el mantenimiento de una franja de un metro de ancho libre de malezas a ambos lados del cerco. El 24 de enero de este año, la empresa informó que había realizado esos trabajos, pero el corte del juncal y las condiciones del lugar deberán ser revisadas cada dos meses.
«Entiéndase que el mismo seguramente permanecerá por varios años», expresaba la comunicación de los técnicos de la Dinama a Efice revelando que las expectativas del organismo con respecto a la duración de la medida no son transitorias.
Pero más allá de las limitaciones de la solución adoptada para evitar los efectos de la contaminación en la zona excluida, el problema mayor es la planta de Efice que sigue produciendo con una tecnología obsoleta basada en el mercurio. Con más de 30 años desde la última ampliación a las 22 celdas electrolíticas en funcionamiento, esa planta es la mayor fuente de emisiones y de desechos de mercurio del país.
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