La multinacional obtuvo un préstamo a condición de preservar la biodiversidad de sus plantaciones en Finlandia, donde solo admiten especies nativas, mientras en Uruguay hace lo contrario.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 23/3/2020.
Afirmando que está «mostrando el camino a nivel global» [sic], la empresa finlandesa anunció la última semana la firma, con un conglomerado de bancos internacionales, de una línea de crédito renovable de 750 millones de euros, condicionada al cumplimiento de objetivos de largo plazo relacionados con la preservación de la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases que provocan el cambio climático.
De acuerdo con el comunicado oficial, la línea de crédito renovable está vinculada a dos indicadores clave de desempeño: 1) un impacto neto positivo en la biodiversidad de las plantaciones forestales de la empresa; y 2) una reducción para el año 2030 del 65% de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles y la electricidad utilizados por UPM con respecto al nivel de esas emisiones en 2015.
Da la impresión de ser una loable actitud, pero al ir a ver el compromiso de producir un impacto positivo en la biodiversidad, resulta que este solo se refiere a las plantaciones forestales de UPM en FINLANDIA. ¿Por qué en este compromiso tan importante de la empresa finlandesa no figuran sus plantaciones en URUGUAY, el país en donde UPM estaría haciendo en este momento la mayor inversión de su historia?
Veamos algunas cifras para entender la magnitud del problema. Tres cuartas partes de la superficie terrestre de Finlandia, alrededor de 23 millones de hectáreas, están cubiertas por árboles. De ese total, 20 millones de hectáreas son tierras forestales, de las cuales UPM posee cerca de 500 mil hectáreas, según sus propios datos. Es decir que UPM tiene en Finlandia un 2,5% de los bosques y plantaciones.
En Uruguay, con un ecosistema de pastizal o pradera natural,16 millones de hectáreas son aptos para agricultura y ganadería. De ese total 2,5 millones de hectáreas están cubiertos de árboles si se suma el monte nativo y las plantaciones de las empresas forestales. UPM maneja actualmente en este país unas 400 mil hectáreas, según su informe anual de 2019, o sea 16% del total de bosques y plantaciones.
Visiblemente, la gravitación de UPM en las zonas forestadas de Uruguay es mucho mayor que en Finlandia y si vemos la concepción de las plantaciones la diferencia es abismal. En Finlandia, UPM cultiva 100 por ciento de especies nativas en sus tierras, pero en Uruguay hace exactamente lo opuesto, sus plantaciones son exclusivamente de eucaliptos, una especie exótica o extraña al ecosistema original.
Ni siquiera en Finlandia esa es una decisión de la empresa, sino que es una política del país que, por tradición y un sistema particular de propiedad de la tierra, no permite la plantación de especies exóticas. Entonces, el anuncio de UPM y los bancos de que acordaron ese préstamo a cambio de un compromiso en defensa de la biodiversidad en Finlandia es el disfraz ecologista de una mera operación financiera.
UPM se presenta en Uruguay también como defensora de la biodiversidad, utilizando las certificaciones forestales como garantía de buen desempeño ambiental. Toda la industria forestal internacional utliza las certificaciones del Forest Stewardship Council (FSC, Consejo de Administración Forestal) y entidades similares con ese fin, pero el sistema está siendo cada vez más cuestionado por sus inconsistencias.
El negocio de las certificaciones
El sistema de certificaciones forestales es un ejemplo de una idea que se desvirtúa y se convierte en lo contrario de lo que propuso. Tras la Cumbre de la Tierra, en 1994, un grupo de empresas, ambientalistas y líderes comunitarios se unieron en el FSC para «crear un concepto revolucionario: un enfoque voluntario, basado en el mercado, que mejoraría las prácticas forestales en todo el mundo», según sus palabras.
El objetivo del FSC era promover «un manejo ambiental responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques», mediante la aplicación de un conjunto de principios y criterios reconocidos y respetados. La falla ya estuvo en la pretensión contradictoria de cumplir ese fin por medio de un «enfoque voluntario, basado en el mercado», porque lo que se impuso fue la lógica del mercado.
En su última edición, la Ethical Corporation Magazine, de Londres, se ocupó de las certificaciones del FSC. El entrevistado Simon Counsell, ex director de la Rainforest Foundation y participante en el inicio del FSC, explicó que la idea con la certificación era dar una ventaja a la silvicultura comunitaria sostenible, pero que resultó ser caro y tampoco se logró un mayor valor de mercado para sus productos FSC.
A pesar entonces de la certificación, la silvicultura comunitaria no pudo competir con las grandes empresas industriales. Este pudo ser el fin del FSC, pero hubo empresas forestales que vieron que el sello del FSC podía serles útil al dar a sus compradores la confianza de que los productos ofrecidos habían sido rastreados a través de la cadena de suministro y provenían de un manejo sostenible de los bosques.
El FSC no hace las auditorías, sino que hay más de 80 entidades evaluadoras que son contratadas por las empresas forestales para realizar la inspección y aquí surgió uno de los problemas. «Esto resulta en una carrera por reducir el rigor de las auditorías que realizan. Los más indulgentes y laxos con el incumplimiento o las fallas de los clientes, son los que más probablemente tengan negocios en curso», dijo Counsell.
El ex auditor de Rainforest Alliance, Walter Smith, admitió que «la presión económica por obtener y mantener clientes es un factor que puede conducir a parcialidad». Smith agregó que a lo largo de su carrera descubrió que «las grandes empresas pueden emprender acciones legales contra los organismos de certificación si amenazan con suspenderlos». En estas condiciones, la parcialidad queda fuera de dudas.
Hace varios años que se le reclama al FSC un cambio en sus procedimientos por no regular suficientemente a los auditores. El ex director de Rainforest Alliance relató que se le propuso invertir todo el proceso, de tal manera que las solicitudes de certificación se dirigieran al FSC, siendo luego elegidos los auditores más rigurosos. Counsell dijo que la respuesta del FSC fue que era «demasiado difícil y complicado».
Hace 13 años, el técnico forestal Ricardo Carrere publicó una investigación sobre las certificaciones del FSC en Uruguay. La tituló «Maquillaje Verde», porque llegó a la conclusión de que las plantaciones de especies exóticas conducen a «la destrucción completa del principal ecosistema del país», la pradera. Sin embargo, UPM nos sigue dando lecciones de silvicultura sostenible de la mano del FSC.
THE TWO FACES OF UPM’S ENVIRONMENTAL POLICY
The multinational obtained a loan on condition of preserving the biodiversity of its plantations in Finland, where they only admit native species, while in Uruguay it does the opposite.
Víctor L. Bacchetta
Affirming that it is «showing the way on global level» [sic], the Finnish company announced last week the signing, with a conglomerate of international banks, of a revolving credit facility of 750 million euros, conditioned to the fulfillment of long-term targets related to the preservation of biodiversity and the reduction of gas emissions that cause climate change.
According to the official statement, the revolving credit facility is linked to two key performance indicators: 1) a net positive impact on the biodiversity of the company’s forest plantations; and 2) a reduction by 2030 of 65% of carbon dioxide emissions from fuels and electricity used by UPM with respect to the level of those emissions in 2015.
It gives the impression of being a laudable attitude, but going to see the commitment to produce a positive impact on biodiversity, it turns out that this only refers to UPM forest plantations in FINLAND. Why does its plantations in URUGUAY, the country where UPM is currently making the largest investment in its history, not appear in this important commitment of the Finnish company?
Let’s look at some figures to understand the magnitude of the problem. Three-quarters of Finland’s land area, about 23 million hectares, is covered by trees. Of that total, 20 million hectares are forest land, of which UPM owns about 500 thousand hectares, according to its own data. In other words, UPM has 2.5% of forests and plantations in Finland.
In Uruguay, with a natural grassland or prairie ecosystem, 16 million hectares are suitable for agriculture and livestock. Of this total, 2.5 million hectares are covered with trees if we add the native forest and the plantations of the forest companies. UPM is currently managing 400,000 hectares in this country, according to its 2019 annual report, or 16% of all forests and plantations.
Visibly, the gravitation of UPM in the forested areas of Uruguay is much higher than in Finland and if we see the conception of the plantations the difference is abysmal. In Finland, UPM cultivates 100 percent of native species on its lands, but in Uruguay it does exactly the opposite, its plantations are exclusively of eucalyptus, an exotic or alien species to the original ecosystem.
Even in Finland, that is not a company decision, but it is a policy of the country that, by tradition and a particular system of land ownership, does not allow the planting of exotic species. So, the announcement by UPM and the banks that they agreed to that loan in exchange for a commitment in defense of biodiversity in Finland is the ecological disguise of a mere financial operation.
UPM also appears in Uruguay as a defender of biodiversity, using forest certifications as a guarantee of good environmental performance. The entire international forestry industry uses certifications from the Forest Stewardship Council (FSC) and similar entities for this purpose, but the system is increasingly being questioned for its inconsistencies.
The Certification Business
The forest certification system is an example of an idea that is distorted and becomes the opposite of what it proposed. Following the Earth Summit in 1994, a group of companies, environmentalists and community leaders came together at FSC to «create a revolutionary concept: a voluntary, market-based approach that would improve forestry practices worldwide», according to their words.
FSC’s objective was to promote «responsible, socially beneficial and economically viable environmental management of forests», through the application of a set of recognized and respected principles and criteria. The failure was already in the contradictory claim to achieve that end through a «voluntary, market-based approach», because what was imposed was the logic of the market.
In its latest issue, Ethical Corporation Magazine, London, dealt with FSC certifications. Interviewee Simon Counsell, former director of the Rainforest Foundation UK and participant in the start of FSC, explained that the idea with the certification was to give an advantage to sustainable community forestry, but that it turned out to be expensive and did not achieve a higher market value for its FSC products.
Despite certification then, community forestry was unable to compete with large industrial companies. This may have been the end of FSC, but there were forestry companies who saw that the FSC seal could be useful to them by giving their buyers the confidence that the products offered had been traced through the supply chain and came from sustainable management of the forests.
The FSC does not do the audits, instead there are more than 80 evaluating entities that are hired by the forestry companies to carry out the inspection and one of the problems arose here. «What this results in is a race to the bottom in terms of the rigour of the audits they carry out: the more lenient and lax they are of non-compliance or the failures of clients, the more likely they are to get ongoing business”, asserts Counsell.
Former Rainforest Alliance auditor Walter Smith admitted that “the economic pressure to get and keep clients is a factor that can lead to bias”. And he discovered in his career that large companies can take legal action against certifying bodies if they threaten to suspend them. Under these conditions, bias is beyond doubt.
For several years, FSC has been required to change its procedures for not sufficiently regulating auditors. The former director of the Rainforest Alliance reported that it was asked to reverse the entire process, so that certification requests were directed to FSC, and the most rigorous auditors were later chosen. Counsell said FSC’s response was that it was «too difficult and complicated».
Thirteen years ago, forest technician Ricardo Carrere published an investigation into FSC certifications in Uruguay. He titled it «Greenwashing», because he concluded that the plantations of exotic species lead to «the complete destruction of the main ecosystem of the country», the prairie. However, UPM continues to teach us about sustainable forestry of hands given with the FSC.
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