El largo reinado y el ocaso de una empresa que abusó de su condición privilegiada en un sector estratégico de la salud de la población y que no ha querido integrarse a los nuevos tiempos.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 9/5/2024.
Trascendió que los directivos de Efice S.A. informaron a sus trabajadores que no obtuvieron la financiación para el Proyecto Omega de reconversión industrial. Además de varios despidos, plantearon una reducción de salarios y beneficios que el sindicato aceptó. Según las mismas fuentes, los jerarcas dijeron que incluso reducirían sus sueldos y que la empresa realizará un proyecto menor que le permitirá mantener el suministro de cloro y soda a la OSE.
Para entender cómo fue posible llegar a este triste final es necesario hacer un poco de historia. En realidad, lo ocurrido no es una sorpresa, sino que era perfectamente previsible. Finalizábamos la nota anterior diciendo que Efice fue postergando la reconversión industrial hasta el último plazo del Convenio de Minamata y que es probable que vaya a clausurar, indefectiblemente, la planta con componentes de mercurio, sin haber puesto en marcha la nueva tecnología.
Antes que nada, hay que tener presente que estamos hablando de una industria estratégica del país. El cloro y la soda cáustica son, por una parte, componentes esenciales para la potabilización del agua que consume la población, por eso son dos insumos fundamentales de la OSE, Por otra parte, son también insumos esenciales para otras industrias, en particular las elaboradoras de diversos artículos de higiene y limpieza habitualmente usados por las personas.
Desde 1959, Efice era la única industria que producía cloro y soda en Uruguay. Al ser proveedora exclusiva de un insumo básico para OSE y la industria nacional, Efice recibía un trato especial y era calificada a menudo como una “empresa estratégica». Sin embargo, al depender de una sola empresa por falta de competencia, el país se expuso a riesgos que fueron aprovechados por los propietarios de Efice para instalar de hecho unas prácticas monopólicas (1).
En 2014, el 50% del costo de producción de Efice era el consumo de electricidad. Ese año estuvo a punto de cerrar porque la UTE decidió que no podía darle más crédito en la factura. La empresa pagó la deuda con el ente vendiendo algunos bienes particulares de sus dueños, pero de ahí en adelante, la crisis se superó gracias a un decreto del Poder Ejecutivo que redujo hasta un 50% la tarifa cobrada a los grandes consumidores de electricidad, Efice entre ellos.
Simultáneamente, Efice vendía el cloro a OSE a unos 1.850 dólares la tonelada (US$/tn) y en el mercado interno iba de 2.800 a 4.000 US$/tn, pero lo exportaba a Porto Alegre a 150 US$/tn. El propietario de la empresa, Néstor Gómez Alcorta alegaba que aquel era el costo de importar el producto desde Argentina o Brasil. ¿Para qué servía que fuera una industria nacional si, aún con la bonificación de la UTE, debíamos pagar el cloro como si fuera importado?
Por otra parte, Efice exportaba cloro a Porto Alegre por debajo del costo haciendo ‘dumping’ (2) en Brasil, de tal forma que se había convertido en el mayor, sino el único, proveedor de cloro en Rio Grande del Sur. O sea que la empresa había organizado un gran negocio nacional e internacional gracias al doble subsidio que disfrutaba en Uruguay, la tarifa de UTE reducida al 50% y los altos precios que cobraba a OSE y otros aprovechando su condición de monopolio.
A capa y espada
En febrero de 2017, OSE adjudicó una licitación internacional por 1.500 toneladas de cloro líquido a la empresa Habilis que, aun importando el producto desde Estados Unidos, ofreció la tonelada del producto a 1.480 dólares, un 28% por debajo del precio presentado por Efice. Invocando su historia de antiguo proveedor, Efice presentó un recurso inmediato de revocación y anulación del fallo, alegando varios incumplimientos al Pliego de Condiciones.
En noviembre, la demanda de Efice había sido desestimada por las asesorías jurídicas tanto de OSE como del ministerio respectivo, pero la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía de Gobierno obligaron a OSE a anular la licitación. Fue evidente que, más allá de consideraciones jurídicas, el Poder Ejecutivo hizo primar su criterio político en defensa de Efice, descartando la posibilidad abierta por la competencia y sus notorios beneficios económicos.
Hubo nuevas licitaciones convocadas por la OSE en donde volvieron a enfrentarse las ofertas de ambas empresas. Advertida ahora de la situación, Efice recurrió olímpicamente al ‘dumping’, el procedimiento propio de las empresas monopólicas para eliminar a sus rivales. Bajó sus precios por debajo de los de la competencia hasta que hizo económicamente inviable la importación y, cuando Habilis debió retirarse, retomó sus precios habituales (ver el gráfico).
Otra novedad en 2017 fue la instalación de la empresa Alliance en el Parque Industrial de Pando con una tecnología que, además de no usar mercurio ni generar residuos tóxicos, produce con menores costos. Habituada a fijar los precios en el mercado, Efice aplicó la misma estrategia de ‘dumping’ para impedir el acceso de Alliance, asegurándose la lealtad del ‘pool’ de distribuidores de productos de higiene y limpieza, el cártel de la lavandina.
En este caso, Efice redujo drásticamente los precios del cloro y la soda a los distribuidores, sin reducir en correspondencia los precios al comercio minorista. De esta manera, mientras durara la batalla comercial con Alliance, las ganancias del cártel se verían acrecentadas, asegurándose así que no prefieran los productos de la competencia. Cuando el desenlace favoreciera a Efice y Alliance no pudiera mantenerse, los precios volverían al nivel anterior.
Para tener éxito, los grandes distribuidores no deben competir entre sí alterando el reparto de sus clientes. Este acuerdo del «pool» configura la concertación entre empresas que define el cártel. Se completa con la presión sobre el comercio minorista para que no abandone a sus distribuidores, amenazándolo con perder la posibilidad de trabajar con esos productos en el futuro, asegurando que la competencia no podrá sostenerse y desaparecerá del mercado.
En 2018, Alliance denunció por “prácticas anticompetitivas” a Efice, Inur, Electroquímica, Clorox y la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR) ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Cuatro años después, la Comisión archivó sus actuaciones sin encontrar tales prácticas y recomendó a ASIQUR establecer “parámetros objetivos” (sic) para el ingreso de sus miembros. El ‘pool’ hasta excluyó a Alliance del gremio.
La estrategia país
Siendo el Estado, desde la reforma constitucional aprobada en el plebiscito de 2004, el único responsable de proveer agua potable a la población y siendo el cloro y la soda cáustica insumos esenciales del proceso de potabilización, ¿era apropiado depender de un único proveedor privado? ¿no había otras opciones para abastecerse de cloro? ¿No es posible y conveniente que la OSE tenga un medio propio de abastecimiento? Esto también tiene su historia.
Sin tener que constituir un monopolio, si OSE produjera cloro y soda cáustica – de la misma forma como produce sulfato de aluminio, un coagulante -, podría asegurarse de que no le falten esos insumos críticos y también negociar precios, porque su planta le permitiría conocer el costo real del producto. En principio, estas fueron las razones llevaron al Directorio de OSE, en agosto de 2012, a convocar una licitación para la instalación de una planta propia de cloro.
La planta debía producir tres toneladas diarias de cloro, que era el nivel de consumo del ente en ese momento. Según Daoiz Uriarte, vicepresidente del Directorio de entonces, con esa planta, la OSE estaría en condiciones de bajar los costos de esos insumos entre un 25 y 30%, a la vez que independizarse de un proveedor monopólico y eliminar los riesgos del transporte del producto por los 47 kilómetros existentes entre Efice y la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.
Varias empresas, incluida Efice, adquirieron las bases del llamado, pero hubo solo una oferta del consorcio Teyma-Sarlig para producir cloro y soda con tecnología de membrana, que no utiliza mercurio. Hubo una negociación entre OSE y los oferentes por la cual se redujo el costo de la planta de 11,3 a 7,5 millones de dólares pero, sorpresivamente, el Directorio rechazó la propuesta en 2014 alegando que era «económicamente inconveniente» (sic). Dijeron que se dispondría «la oportuna realización de un nuevo llamado a licitación», pero nunca lo hicieron.
La planta de cloro propia fue un objetivo estratégico del Plan de Acción de OSE hasta 2013, pero desapareció de 2014 en adelante. La causal invocada por el Directorio para anular la licitación no era creíble. Solo con el ahorro de un 25% en la factura de cloro, soda e hipoclorito, superior a cinco millones de dólares anuales, en seis años se habría recuperado la inversión. En ninguna de las administración posteriores se ha planteado retomar ese objetivo estratégico.
En el gobierno actual, en julio de 2021, Alliance presentó un proyecto de iniciativa privada para construir, operar y mantener a su cargo una mini planta modular de cloro dentro del predio de Aguas Corrientes. Además de eliminar los riesgos del transporte, usar tecnología de membrana y dar mayor seguridad al suministro del insumo, OSE solo pagaría el cloro utilizado con un ahorro de un 20 por ciento. Hasta la fecha, los proponentes no han tenido respuesta.
Un “bluff” empresarial
Los graves accidentes con mercurio ocurridos en varios países y la existencia de una tecnología alternativa impulsaron la negociación que condujo en 2013 a la firma del Convenio de Minamata, así llamado para rememorar la catástrofe provocada por los efluentes de una industria en Japón. Uruguay fue un impulsor de este convenio que dispuso controles estrictos en las emisiones de mercurio y el cierre definitivo de las industrias que lo usan en 2025.
En este contexto, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le planteó a Efice en 2016 realizar en cinco años el cambio tecnológico para cesar en 2021 la producción con mercurio. En una primera instancia, pareció que la empresa estaba dispuesta a cumplir el plan, pero luego fue incorporando circunstancias que postergaron el cierre de la vieja planta hasta el último plazo del Convenio, sin haber iniciado hasta hoy la prometida reconversión.
En noviembre de ese año, en presencia de las más altas autoridades de entonces, el presidente de Efice,Gómez Algorta, presentó el Proyecto Omega, una inversión de 300 millones de dólares para triplicar la producción de cloro con tecnología limpia y desarrollar 24 industrias derivadas, abastecido por energía eólica y solar propia. Aunque no tenía el capital, se la proclamó “la inversión industrial nacional más grande de la historia uruguaya» (sic).
Fue festejado en forma casi unánime, máxime con ese ingrediente patriótico, pero un análisis más detallado del anuncio mostraba otra realidad. No era un proyecto nuevo, Efice lo había presentado en 2009, le habían concedido los máximos beneficios y exoneraciones tributarias: exoneración del 72% del impuesto a la renta (IRAE) por 18 años y de recargos e impuestos a la importación por declararlo un proyecto «no competitivo de la industria nacional».
Efice había solicitado en 2011 la autorización ambiental del proyecto, que debía incluir la futura planta y el desmantelamiento de la actual. La complejidad de esta evaluación, aumentada por carencias de información e indefiniciones tecnológicas de la empresa, hicieron que recién en enero último el Ministerio de Ambiente haya Puesto de Manifiesto el proyecto: En el interín, el cierre de la vieja planta se prorrogó hasta diciembre de 2025.
Que Efice anuncie ahora que ese proyecto no posee el financiamiento – lo había bajado de 300 a 160 millones de dólares – que decida despidos, reduzca sueldos y beneficios de los trabajadores, prometiendo que incluirá a los directivos y que emprenderá un proyecto menor para atender a sus clientes, sería el final de una mala historieta empresarial si no hubieran estado en juego valores sociales, patrimoniales e institucionales mucho más importantes.
Fueron grandes riesgos para la salud de la población y perjuicios a la economía del país, junto a una sucesión de beneficios y privilegios cedidos a una empresa que solo perseguía su exclusivo beneficio, con la complicidad de selectos funcionarios y gobernantes. Durante años generando expectativas en negocios de alto vuelo inviables como fue el Proyecto Omega, pero ¿adónde fueron a parar las enormes ganancias obtenidas de esa manera?
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(1) Prácticas monopólicas son «el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante». Estas prácticas están prohibidas en el país por el Artículo 2° de la Ley N°18.159 de Promoción y Defensa de la Competencia.
(2) En las actividades comerciales se denomina “dumping” a la venta de una mercancía por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción, para eliminar a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.
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