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Un informe de IPEN y RAP-AL sobre los riesgos de la exposición al mercurio analiza la situación actual del país y las áreas donde se debe avanzar para lograr una mejor protección
Víctor L. Bacchetta (en Sudestada, 11/11/2018)
IPEN es una red global de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover políticas y controles públicos de la producción, uso y eliminación de sustancias tóxicas con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. IPEN se coordina a través de centros regionales en África, Europa, el Cáucaso, América Latina, Oriente Medio, Asia del Sur y Sudeste y Asia Central.
A su vez, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) reúne a organizaciones e individuos que se oponen al uso indiscriminado de plaguicidas y a los cultivos transgénicos. Fomenta alternativas para el desarrollo de una agricultura, socialmente justa, ecológicamente sustentable y económicamente viable, que permita alcanzar la soberanía alimentaria de los pueblos.
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Desde el año 2009 RAPAL Uruguay comenzó a analizar la situación del mercurio en el país. El mercurio es un elemento contaminante de alta movilidad que, liberado al ambiente, se transforma en compuestos orgánicos más tóxicos, como el metilmercurio, que se acumula en animales –peces en particular– y el sistema nervioso, hígado y riñones de los seres humanos, dañando incluso el cerebro de los fetos.
La industria que utiliza mercurio puede afectar a sus obreros y a poblaciones vecinas. Así se verificó desde la década de 1950 en Estados Unidos y Europa, pero el caso más grave ocurrió en Japón, en la bahía de Minamata, donde miles de pobladores se intoxicaron por ingerir peces y mariscos contaminados con el metal. Una industria local descargó en la bahía entre 1932 y 1968 unas 81 toneladas de mercurio.
Culminando un proceso de discusión internacional, en 2013, representantes de 128 países firmaron en Kumamoto, Japón, la Convención de Minamata dirigida a eliminar o reducir los efectos del mercurio y fijaron el año 2025 como fecha tope para cerrar todas las plantas productoras de cloro con mercurio. Uruguay fue impulsor del acuerdo y el segundo en ratificarlo en 2014, con el apoyo de todos los partidos políticos.
Uno de los primeros problemas tratados por RAPAL Uruguay fueron las “lámparas de bajo consumo”. Paralelamente, comenzó a analizar las emisiones de mercurio de las plantas de celulosa y, más tarde, incluyó a la principal fuente de contaminación con mercurio existente en el país, la planta de producción de cloro y soda cáustica de Efice, situada en el kilómetro 25 de la ruta 1 (Montevideo-Colonia).
El nuevo informe dado a conocer este año por IPEN y RAP-AL es un relevamiento actualizado de la situación del mercurio en Uruguay y de aquellas áreas en las cuales el país deberá esforzarse para, en concordancia con el Convenio de Minamata, eliminar las emisiones de mercurio al ambiente y su contaminación.
Fuentes de contaminación
El inventario realizado por el gobierno uruguayo en 2011, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en base a inventarios de las industrias de productos de consumo y otros con uso intencional de mercurio, así como de los desechos en el sector de la salud, estimó las emisiones nacionales de mercurio (Hg) en un máximo de 3,616 kg Hg/año y un mínimo de 2,201 kg Hg/año.
Las principales fuentes responsables por esas emisiones son:
1. Productos con uso intencional de mercurio – 36% (máximo 1334 kg Hg/año y mínimo 254 kg Hg/año). Esta categoría incluye termómetros, esfigmomanómetros, baterías, fuentes de iluminación, interruptores, contactos y relés, poliuretanos con catalizadores de mercurio, productos farmacéuticos, etc.
2. Uso intencional de mercurio en procesos industriales – 31% (1140 kg Hg/año), provienen casi exclusivamente de Efice, la industria de cloro-soda.
3. Otros productos con uso intencional de mercurio – 19% (máximo 700 kg Hg/año y mínimo 686 kg Hg/año), mayormente las amalgamas dentales.
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Efice comenzó a producir cloro-soda en 1959 en seis celdas con cátodos de mercurio provenientes de Italia. Copiando ese modelo, esa empresa construyó en 1968 cinco celdas, en 1972 agregó otra y en 1975 instalaron seis celdas más. Entre 1979 y 1985, se terminaron de montar las 22 celdas que se mantienen hasta el presente, con una producción de 40 toneladas diarias de cloro y otro tanto de soda.
Durante más de 30 años Efice vertió los efluentes por debajo de la ruta 1 en el humedal vecino, que es parte de la desembocadura del río Santa Lucía, mientras los residuos secos eran descargados directamente en el terreno. Desde 1992 por exigencia de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) esta industria comenzó a almacenar los residuos en tarrinas plásticas dentro del predio de la planta.
En junio de 2016, la Dinama le ordenó a Efice la construcción de un cerco para impedir el acceso de personas y animales al área contaminada del humedal. Tras sucesivas intimaciones, Efice concluyó recién en diciembre de 2017 el cerco que, en realidad es solo una primera medida de precaución, porque el terreno es inundable y el cerco es una valla de alambre que permite la entrada y salida del agua.
Las acciones pendientes
«Uruguay no cuenta con lugares seguros de almacenamientos de desechos con mercurio domiciliaros ni hospitalarios», afirma en sus conclusiones el informe de IPEN y RAP-AL. En la mayoría de los casos, estos desechos han sido almacenados en los mismos lugares y tampoco hay soluciones a mediano o largo plazo para el pre-tratamiento y descontaminación de desechos conteniendo mercurio.
«Como consecuencia directa la mayoría de los productos que contienen mercurio se disponen conjuntamente con los desechos municipales y termina en vertederos o depósitos que no son apropiados», agrega el informe. Otros desechos como las amalgamas suelen descargarse en el sistema de saneamiento, lo que deriva en emisiones de mercurio en el aire, liberaciones al agua y suelo.
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A mediados de 2015, la Dinama, el Ministerio de Salud Pública, la ONU y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional presentaron el proyecto de una planta de tratamiento de desechos de productos con mercurio. «Lamentablemente, la planta no ha sido construida (…) Los desechos se siguen almacenando en locales varios, siendo en la mayoría de los casos una amenaza latente», señala el trabajo de IPEN y RAP-AL.
En este momento se encuentra en discusión a nivel ministerial un «Reglamento de Gestión de lámparas y otros artículos con mercurio y sus residuos», elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que en caso de ser aprobado, deberá ser firmado por los ministerios de Salud Pública, Industria, Energía y Minería, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas.
«Cuando sea aprobado y comience a implementarse ayudará al menos a minimizar y en un futuro a eliminar el uso del en productos mercurio», sostiene el informe de IPEN y RAP-AL.
Con respecto a la actitud de Efice, el informe señala que «algunas organizaciones no gubernamentales, incluyendo RAPAL Uruguay, visualizan que ésta podría ser una estrategia para que la empresa se declare en bancarrota». De esa manera, Efice no se haría cargo de la contaminación que ha provocado en los alrededores de la planta y el costo de la descontaminación tendría que ser pagado por el Estado uruguayo.
«Aún como país se está lejos de alcanzar niveles adecuados de minimización a la exposición por mercurio», afirman IPEN y RAP-AL a pesar de reconocer que Uruguay ha avanzado en la búsqueda de alternativas para la gestión ambientalmente adecuada del ciclo de vida de los productos con mercurio y sus residuos.
Para esas organizaciones, el rol del consumidor es muy importante, debe contar con la posibilidad de elegir productos libres de mercurio, y a su vez, tiene la misión de exigir depósitos seguros de descarte. «Sin embargo -agregan- para que esto ocurra, la población debe estar sensibilizada, concientizada y educada sobre los temas ambientales, solo así, podrá elegir con una conciencia ambiental».
Del 19 al 23 de noviembre próximo se reunirá en Ginebra, Suiza, la Segunda Conferencia de las Partes de la Convención de Minamata, con el fin de evaluar la marcha de la implementación de sus acuerdos. De los 128 signatarios iniciales, la convención ha sido ratificada hasta el momento por 101 países.
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