El retraso en la medición de las condiciones ambientales previas en la zona de la planta de UPM en Durazno, enlentece también el inicio de la producción de celulosa previsto por la empresa para 2022.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 28/1/2021.
La autorización ambiental otorgada a la nueva planta de celulosa de UPM, el 14 de mayo de 2019, estableció que los planes de monitoreo ambiental en el área afectada debían ser presentados dentro de un plazo máximo de 6 meses, para contar con «no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción».
Al realizar el anuncio, el 23 de julio siguiente, de la concreción de la inversión en el proyecto, la famosa Decisión Final de Inversión (DFI) mencionada en el Contrato ROU-UPM, la empresa afirmó que «el inicio de la planta está programado para la segunda mitad del año 2022». Tenía tres años por delante para la construcción de la planta y el cumplimiento de los requisitos de la autorización ambiental.
«La planta está diseñada para cumplir por completo las estrictas regulaciones medio ambientales de Uruguay, así como las normas y recomendaciones internacionales para las plantas modernas, incluida la última y mejor tecnología probada disponible (BAT). El desempeño ambiental de la planta se verificará con un monitoreo integral y transparente», agregaba el comunicado de la multinacional finlandesa.
La primera versión del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), presentada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en agosto de 2019, fue devuelta a UPM por tener carencias e imprecisiones de información. La sexta versión del PMA presentada el 14 de diciembre pasado, resultó nuevamente devuelta a la empresa por contener «imprecisiones y desajustes». Es decir, el PMA no está aprobado hasta hoy.
Esto hace que no se hayan completado las mediciones previstas en la autorización del proyecto para definir la calidad del agua y los sedimentos del Río Negro, de la biota acuática, las aguas subterráneas y el suelo en el predio de la planta y su entorno inmediato, del aire y el ruido en la zona, así como las variables socioeconómicas de las comunidades vecinas, antes del inicio de las actividades en el área.
Las mediciones son necesarias para definir la Línea de Base, o sea, las características previas de la zona donde estará instalada la planta de celulosa, para poder medir y evaluar después sus impactos. No obstante, sin haber concluido el PMA ni realizado las mediciones con un año de antecedencia como exigía la autorización ambiental, la Dinama avaló en octubre de 2019 el inició de la construcción de la planta.
En setiembre de 2020, la División de Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC) señaló que el proceso estaba «preocupantemente demorado y su inadecuado abordaje aparejaría riesgos para la adecuada actividad de seguimiento del proyecto y de enmascaramiento de potenciales afectaciones sobre el ambiente, y entorpecimientos al normal proceso de evaluación y autorización que aún resta desarrollar».
La falta de definición de la Línea de Base y de otro requisito clave, asegurar que la descarga de los efluentes no empeore la calidad de las aguas, los sedimentos y la biota del Río Negro, motivaron una acción de amparo en la Justicia presentada por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) en noviembre de 2020, que planteó la suspensión de las obras hasta que se cumplieran esas condiciones.
A pesar de haberse demostrado que no se estaban cumpliendo esos requisitos, las sentencias en la primera y segunda instancia judicial desestimaron la propuesta del Movus, alegando que los mismos se resolverían sobre la marcha del proyecto. Esta fue la postura de la dirección de la Dinama avalando el proceder de UPM, sin atender las preocupaciones de los técnicos a cargo del seguimiento del proyecto.
Seguía pendiente la aprobación del Plan de Monitoreo Ambiental y las mediciones con dos años de antecedencia al comienzo de la operación de la planta. “Si ellos (UPM) no tienen dos años completos de monitoreo evaluado por la Dinama, que empiezan ahora en noviembre, de todas las variables, no pueden comenzar a operar”, declaró a la prensa el ministro de Ambiente, Adrián Peña, reconociendo aquella situación.
«Se deja constancia de que es de interés de parte de Dinama que la totalidad de las actividades de monitoreo se encuentren en curso ante de fin del presente año», decía el 9 de noviembre una nueva solicitud de información sobre el PMA realizada por los técnicos de la DEAC. El 4 de diciembre, al no obtener respuesta, la DEAC propuso intimar a la empresa con respecto a los datos no presentados del PMA.
El 7 de diciembre, el director de la Dinama, Eduardo Andrés, intimó a UPM a que en un plazo no mayor de 30 días corridos presentara los informes. La intimación señalaba que el no cumplimiento resultaría «causal para iniciar un proceso sancionatorio». El 14 de diciembre, UPM presentó la versión 6.0 del Plan de Monitoreo Ambiental, pero la DEAC lo devolvió el 28 de diciembre por considerarlo aún incompleto.
Si hasta el presente no ha completado ante la Dinama el Plan de Monitoreo Ambiental ni la medición de los componentes de la Línea de Base del proyecto, UPM no podrá comenzar la producción de celulosa en la segunda mitad de 2022 como tenía previsto. Claro que esto será realidad siempre y cuando el Ministerio de Ambiente y la Dinama cumplan con las condiciones de la autorización ambiental otorgada.