Cesó Aguas de la Costa en Maldonado

A 15 años del plebiscito de 2004, cayó la última concesión privada del servicio de agua potable y saneamiento en Maldonado, pero no hay acuerdo sobre una futura gestión estatal

Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 16/3/2019.

La noticia oficial de OSE dice: «A partir del 1º de marzo, OSE-UGD retomó la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento al este del arroyo Maldonado, que por 25 años fueron administrados por la empresa Aguas de la Costa SA mediante un contrato de concesión». Esos servicios abarcan los balnearios La Barra, El Tesoro, Manantiales, El Chorro, Buenos Aires, José Ignacio y La Juanita.

Antes de la reforma constitucional introducida por el plebiscito de 2004, dos empresas multinacionales, la francesa Suez, en 1992, y la española Aguas de Bilbao, en el año 2000, habían obtenido la concesión para el suministro de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. El lugar fue elegido por tratarse de una población con alto poder adquisitivo, donde la rentabilidad estaba asegurada.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) lanzó la campaña del plebiscito en 2002 antes que se extendiera la privatización. Ese año, el gobierno de Jorge Batlle firmó una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprometiéndose justamente a ampliar la privatización y pondría a remate el servicio de agua potable y saneamiento de las principales ciudades del país.

Con la enmienda del artículo 47 aprobada Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en establecer en su Constitución que el acceso al agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. A su vez, los usuarios y la sociedad civil debían participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos tomando las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

El 1° de marzo de 2005 asumió el gobierno el Frente Amplio, que había acompañado la movilización por el plebiscito, y la CNDAV se abocó a exigir el cumplimiento de la reforma constitucional. Para la comisión esto significaba la recuperación por parte del Estado de los servicios de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado y, por lo tanto, la caída de las concesiones privadas.

Una reestatización a medias

El 20 de mayo de 2005 el presidente Tabaré Vázquez, en Consejo de Ministros, aprobó un decreto por el cual la reforma constitucional se aplicaría desde la fecha de su aprobación en adelante, pero los concesionarios «en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo» (sic).

La CNDAV recurrió este decreto por considerarlo inconstitucional e inició movilizaciones desde Maldonado hasta Montevideo. El gobierno temía los juicios internacionales por la anulación de los contratos, pero la comisión consideraba que las denuncias por incumplimientos de obras, delitos sociales y ambientales que pesaban sobre las empresas permitían derogar la concesión sin dar lugar a juicios.

A fines de 2005, alegando el incumplimiento del servicio, OSE se hizo cargo de Aguas de Bilbao (Uragua). En octubre de 2006 la empresa pública compró por 3,4 millones de dólares estadounidenses el paquete mayoritario de acciones de Suez en Aguas de la Costa (60%). El 40 % restante siguió en manos de privados y la empresa se mantuvo operando como sociedad anónima.

Sin embargo, Uragua no pasó a ser una dependencia más de la OSE. Alegando la conveniencia de aprovechar la estructura de funcionamiento y gestión existente y de fomentar la descentralización y la participación de las autoridades municipales en el manejo de los bienes locales, se creó una nueva entidad estatal de gestión, pero donde los trabajadores siguieron bajo el derecho privado.

La ley N° 17.902, del 23 de setiembre de 2005, creó dentro de la estructura funcional de OSE la denominada Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) con la finalidad de prestar el servicio público de agua potable y saneamiento presente y a futuro del departamento de Maldonado, con un directorio integrado por el presidente y vicepresidente de OSE y un representante del gobierno departamental.

Algunos pensaron que esta nueva unidad sería transitoria y que la fusión con OSE se produciría en poco tiempo, pero para otros era una experiencia que, de ser exitosa, se podría mantener y trasladar al resto del país. Trece años después, al acercarse este 28 de febrero de 2019 el fin del contrato de Aguas de la Costa y tener que decidir su futuro, el debate sobre la conveniencia o no de la UGD sigue sin resolverse.

Mientras un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone derogar la ley N° 17.902 duerme en el Parlamento, al caer la concesión de Aguas de la Costa el Directorio de OSE no tuvo otra opción que aplicar la norma vigente y decidió que el servicio sea asumido por la UGD, con el consiguiente conflicto que esto significa.

La gestión estatal en debate

«Cuestionamos a la UGD porque atenta contra el subsidio cruzado en las tarifas. Hoy hay una tarifa nacional porque los servicios superavitarios financian a los deficitarios. No es lo mismo hacer una extensión de la red para agua potable en un barrio de Montevideo que hacerlo en Bella Unión», dijo a Sudestada el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Gustavo Ricci.

Por la ley N° 17.902, el presupuesto y las inversiones de la UGD son incluidos en el presupuesto de OSE y como su Directorio tiene mayoría en la UGD, solo podría haber una política de asignación de los recursos, pero en la práctica no ha sido así. «Son resoluciones del Directorio de OSE, pero los dineros se invirtieron durante mucho tiempo o estuvieron centralizados en Maldonado», señaló Ricci.

Esta situación es reconocida en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de agosto del año pasado que propone eliminar la UGD y que OSE asuma directamente el servicio en Maldonado. «Dicha forma de gestión, que fue conveniente en el momento histórico descripto, comenzó a presentar con el correr de los años algunos inconvenientes que hacen necesario el replanteo de la misma», argumenta el proyecto.

El Poder Ejecutivo y FFOSE coinciden esta vez, pero el proyecto no fue tratado en el Parlamento. «No salió por la oposición de los diputados de Maldonado de todos los partidos. Ni los diputados oficialistas lo respaldaron porque, al ser año electoral, entendieron conveniente no mover el avispero en el departamento», dijo el dirigente sindical, quien cree que se tratará en la próxima legislatura.

Pero el tema parece ser más complejo dentro del oficialismo, ya que hay diferentes valoraciones sobre la UGD. Quien era vicepresidente de OSE cuando fue creada la UGD, Daoiz Uriarte, considera un error derogar la ley N° 17.902 porque a su criterio limita una herramienta estatal. «No tiene sentido modificar algo que funciona bien y que, en realidad debiera tratar de aplicarse en todo el país», afirmó.

«La idea original era que al finalizar la concesión de Aguas de la Costa el patrimonio pasaba a la UGD. Para cerrar la sociedad anónima no se precisa una ley, alcanza con que lo decida el Directorio de OSE. La UGD no funciona en el derecho privado sino en el derecho público, siendo nada más que una unidad desconcentrada de OSE, como lo es la URSEA dentro del Poder Ejecutivo», señaló Uriarte.

El proyecto de ley del Ejecutivo también señala que la existencia de personal por régimen privado es una fuente de conflictos con los gremios de OSE y la UGD. Ricci explicó que «la UGD tiene contratos de precarización, se renuevan cada uno o dos años. No son funcionarios públicos, tampoco son totalmente privados, es un híbrido que está complicando las relaciones laborales en el departamento».