Académicos y técnicos en urbanismo cuestionan el proyecto del Ferrocarril Central. Sectores del oficialismo «quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano».
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 21/6/2019.
El pasado 17 de junio tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República, el tercer Conversatorio Abierto organizado por el Centro de Estudiantes de dicha facultad (CEDA), titulado «Ferrocarril Central. Territorios en disputa», cuyas obras recién iniciadas integran el proyecto de Planta de Celulosa Paso de los Toros de la multinacional finlandesa UPM. Los conversatorios anteriores versaron sobre el Cabo Polonio y el Hotel San Rafael.
Dirigido a estudiantes, docentes y egresados, el encuentro tuvo el apoyo del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU) y de la Facultad de Información y Comunicación. Fueron invitados técnicos de la Intendencia de Montevideo (IM) y de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y los colectivos de vecinos Por el Costado de la Vía, de Montevideo, y de Sarandí Grande.
Pese al esfuerzo de los organizadores del conversatorio para contar con miembros del gobierno nacional y departamental, por lo cual incluso pospusieron por una semana la convocatoria ya realizada, los representantes de la IM y la Dinot no concurrieron. Se reiteró así algo que viene ocurriendo con los responsables de estos proyectos, que se niegan a debatir en público sus fundamentos. No obstante, el conversatorio evidenció las diferencias conceptuales y técnicas de fondo que están en juego.
Un antecedente académico del encuentro era el estudio realizado por el ITU en 2017 titulado «Nueva expansión del complejo forestal. Su expresión territorial en diferentes escalas». Y como antecedentes políticos estaban la opinión de la mayoría del Comité Departamental del Frente Amplio de Montevideo, también en 2017, y la declaración de técnicos de esta fuerza política, en marzo de este año, oponiéndose a la decisión de utilizar para el tren de UPM el antiguo trazado que atraviesa la Capital.
La declaración «Por un ordenamiento del territorio con participación ciudadana» fue firmada por el exintendente de Montevideo y exministro del MVOTMA Mariano Arana, el exdirector de Acondicionamiento Urbano de la IM y exdirector de la Dinot Roberto Villarmarzo, el exdirector de Planificación de la IM Julio Battistoni, el exdirector de la Dinot Manuel Chabalgoity, el exsecretario general de la IM Herbert Ichusti y el exdirector general de Planificación de la IM Juan Pedro Urruzola.
En el conversatorio, Yanina Borloz, Blanca Olivera y Sonia Gómez, en representación de vecinos de Sayago y Colón y de Sarandí Grande, resaltaron la desinformación y la prescindencia de la participación que ha caracterizado al proyecto ferroviario. Por esta razón, los vecinos afectados están promoviendo unas iniciativas ciudadanas previstas en la Constitución para decidir con fuerza de ley a nivel departamental que se prohíba el pasaje del tren de UPM por la zona urbana de esas localidades.
Mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) sigue adelante con el proyecto sin perturbarse, el malestar en la academia parece abrir un nuevo frente de conflicto para el gobierno nacional. Los técnicos presentes en el conversatorio llegaron a considerar nula la autorización de la obra del Ferrocarril Central por incumplir las directrices departamentales vigentes del ordenamiento territorial y propusieron solicitarle al Consejo de la Facultad un pronunciamiento al respecto.
Más allá de la violación de procedimientos
La definición del proyecto ferroviario de UPM ha expuesto la grieta existente entre dos concepciones del desarrollo económico, social y ambiental, que se traduce en formas contrapuestas de intervención en el territorio. Por un lado, está la concepción donde el territorio debe adaptarse a los proyectos y, por otro lado, aquella en que los proyectos deben adaptarse al territorio entendido como un lugar pre existente y vivo.
Chabalgoity se refirió en el conversatorio a un proceso de elaboración de una nueva concepción, desde lo que calificó como «cambio epistemológico o ideológico» dentro del ITU hasta su correlato institucional y normativo, que se expresó en el primer plan de ordenamiento territorial del municipio de Montevideo, 20 años atrás, y en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008 (N° 18.308).
«La sorpresa es que este «gran proyecto» (el de UPM), que fue además presentado por fragmentos, aparece como una contradicción, aterriza como modelo único sobre una traza de otra época, que no es lo que tenemos hoy», expresó el ex profesor del ITU. «Aterriza pretendiendo encastrar en un modelo territorial con una expresión clara, visible, resultado de 30 años de trabajo», dijo, y agregó que se cambiaron las directrices departamentales en un ámbito no competente para hacerlo.
«Si acepto algo que no está establecido, estoy modificando lo que tengo, esa es una competencia que la Ley de Ordenamiento le da a la Junta Departamental. En síntesis, estamos en una situación en la cual aparece un caminar por fuera de las reglas de juego acordadas, a la que hay que encontrarle una alternativa en el marco de estas disposiciones que son las que tenemos legalmente aprobadas», concluyó.
Por su parte, el exdirector general de Planificación de la IM Juan Pedro Urruzola, consideró que «la planificación, pensada en una sociedad democrática, necesariamente tiene que ser participativa», y apoyó el planteo crítico de las exponentes de los colectivos de vecinos.
El exjerarca departamental resumió el proceso de construcción institucional donde las autoridades de la ciudad y el puerto –«tradicionalmente en conflicto», dijo-, llegaron a una visión común expresada en las directrices departamentales de Montevideo, cuya última versión es de 2014.
«Evidentemente, este proyecto (el del Ferrocarril Central y la Terminal Portuaria de UPM) no respeta esos instrumentos de ordenamiento, ni los planes específicos y parciales, ni las directrices», afirmó Urruzola. «El propio informe de impacto territorial realizado por el Departamento de Planificación de la Intendencia es muy claro, lo dice claramente, esta es una imposición del Ministerio de Transporte», señaló.
Para Urruzola, más allá de la vulneración de los procedimientos, es un mal proyecto de ferrocarril. «No he escuchado a nadie que desde el punto de vista técnico afirme que este es un buen proyecto. Los únicos que afirman que es un buen proyecto hablan del PBI, del crecimiento», comentó. Explicó, además, que los objetivos del ordenamiento territorial son tres: calidad de vida de los ciudadanos, integración social del territorio y uso sustentable y democrático de sus recursos culturales y naturales.
Las palabras finales del exdirector de Planificación dan cuenta de un cisma político: «Hay un sector muy fuerte en este momento que quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano, porque es este gobierno el que aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, es este mismo presidente … la misma fuerza política», afirmó. Urruzola terminó apuntando también a la responsabilidad de la academia, señalando que la Facultad de Arquitectura,«hasta ahora, ha estado muy callada».
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