La Sociedad de Productores Forestales ha elaborado una visión de la sostenibilidad ambiental contraria a toda evidencia científica con el fin de impedir el avance de las áreas protegidas.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 5/5/2020.
La inclusión en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) de dos artículos que modifican el criterio para decidir las áreas protegidas y que no figuraban en los programas partidarios, ni en el acuerdo de la coalición, muestra el peso adquirido por la Sociedad de Productores Forestales (SPF), con su expresidente Carlos Faroppa al frente de la Dirección General Forestal, en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El antecedente inmediato de este cambio es el conflicto desatado en el departamento de Treinta y Tres por la ampliación del área protegida de la Quebrada de los Cuervos, propuesta por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en el gobierno de Tabaré Vázquez. La SPF encabezó una dura oposición al proyecto, con la mayoría de los productores rurales involucrados y el gobierno departamental en pleno.
En los últimos años, la SPF ha sido gestora de la creciente presencia en el país de fondos de inversión o fondos de pensiones de Estados Unidos y Europa que compran tierras para dedicarlas a monocultivos de eucaliptos. Disfrutando de los beneficios de la ley de inversiones y asociadas con las plantas de celulosa, que les compran la producción, resultan ser opciones muy rentables para esos inversionistas.
Los principales miembros de la SPF en Treinta y Tres son El Arriero, perteneciente al fondo estadounidense de pensiones Global Forests Partners; Pradera Roja, del fondo británico de inversión Phaunos Timber Fund; Lumin – Uruply (ex Weyerhaeuser); el Fideicomiso Forestal BDU, fondo de inversión que cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo y, obviamente, Forestal Oriental, del grupo finlandés UPM.
Hace unos años, El Arriero intentó establecer una plantación de eucaliptos en la zona adyacente a la Quebrada de los Cuervos, el proyecto «Obdulio», sin tener autorización ambiental. Denunciada por los vecinos, la forestal pretendió legalizarlo con estudios y certificaciones a posteriori, pero no tuvo éxito, primero fue multada y luego la Dinama le ordenó retirar los árboles y restablecer el terreno a su estado anterior.
Las presiones de las empresas forestales y mineras en la zona han sido constantes y fueron uno de los motivos para proponer la ampliación del área de la Quebrada, que ya desde el decreto de creación en 2008 era considerada de tamaño insuficiente para garantizar su sostenibilidad. La inminencia de la segunda planta de celulosa de UPM en el Río Negro es otro factor que contribuye a exacerbar las tensiones.
«La ampliación y modificación del área protegida – señaló el decreto de resolución firmado el 14 de febrero – permitirá proteger a los ecosistemas de las fuentes de presión existentes, entre las que se destacan la minería, la forestación, la invasión de especies exóticas y la caza». El cambio del gobierno nacional, producido pocos días después, ha alentado expectativas de que esta decisión sea revertida.
Pero el cuestionamiento de la SPF va mucho más allá. Además de impugnar aspectos formales, resaltar el desacuerdo de propietarios y la afectación de inversiones en la zona, que son atendidos ahora con el cambio en discusión en el Parlamento, la SPF agregó un alegato sorprendente que, de ser aceptado, llevaría a considerar que las áreas protegidas son innecesarias allí donde hay monocultivos forestales.
Producción forestal y desarrollo sostenible
Con la firma del entonces presidente Carlos Faroppa y del secretario Nelson Ledesma, la SPF presentó en noviembre pasado, un informe de 44 páginas contra la proyectada ampliación del Área Natural Protegida Quebrada de los Cuervos en el cual sostiene, enfáticamente, que «la industria forestal – en la actualidad – cumple con los beneficios que el propio Proyecto adjudica a los servicios ecosistémicos» (sic).
Para llegar a tal conclusión, que equivale a decir que es superfluo pretender proteger una zona ocupada por monocultivos de pinos y eucaliptos, la SPF recurre al sistema de certificaciones forestales provisto por entidades como el del Forest Stewardship Council (FSC, Consejo de Administración Forestal), a través de firmas privadas contratadas por las mismas empresas forestadoras a ser evaluadas.
Según la SPF, las certificaciones del FSC son «la única prueba independiente de que el bosque está siendo gestionado según prácticas adaptadas social, económica y medioambientalmente a las condiciones locales». Aunque resulte insólito, esto quiere decir que las evaluaciones contratadas por las empresas tienen mayor validez que las que pueda realizar el estado y que se podría prescindir de la Dinama.
La SPF prosigue y enumera los «beneficios para todos» de las plantaciones forestales en estos términos: contribución a la mitigación del cambio climático, conservación de la biodiversidad, y de recursos como el agua y el suelo; generación de otros productos como pasto para el ganado, hongos, miel que se traducen en beneficios para las personas, generación de empleo y, en definitiva, bienestar social (sic).
«Lo que opino está en nuestras investigaciones, está todo publicado», afirma Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Udelar, doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, con más de tres décadas investigando los impactos de la forestación en nuestro país. «Es una vergüenza el planteamiento que están haciendo porque saben perfectamente que no es así», agregó.
Panario recuerda que las investigaciones contratadas por la SPF sobre el rendimiento de las cuencas con la forestación han dado una reducción del 19 por ciento, la misma prácticamente de otros estudios. «Pero siguen atribuyéndole al eucalipto las mismas propiedades de un monte indígena, que captura agua y la drena a las cuencas con cierto retardo, manteniendo así el ciclo hidrológico», comentó el científico.
«Dicen que protegen los suelos y que mitigan el cambio climático, pero son emisores y no secuestradores de carbono. Los árboles plantados están guardando, pero cuando los cortaron se acabó la historia. Cuando sea sustituido el papel, esos suelos que han perdido en forma irreversible los minerales que le dan la fertilidad no van a guardar la cantidad de carbono que acumuló la pradera en milenios», explicó Panario.
Con resultados análogos sobre los impactos de los monocultivos de eucaliptos, en España, en regiones como Galicia, está prohibido plantar eucaliptos o cualquier otra especie forestal en terrenos catalogados como de uso agrícola. «Sustituir pastos y cultivos por eucaliptos en terrenos agrícolas es, además de ilegal, una forma de acelerar las sequías», afirma la Sociedade Galega de Historia Natural.
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