Vulnerando las normas vigentes e ignorando a los pobladores de Paso Hondo, la Intendencia municipal de Canelones autorizó a una industria química internacional a instalarse en plena zona rural.
Víctor L. Bacchetta (Sudestada, 15/5/2018)
En el año 2006, el Grupo König adquirió una chacra abandonada de nueve hectáreas en el paraje rural del Paso Hondo, situado entre Colonia Nicolich y el arroyo Toledo, cerca del Aeropuerto de Carrasco, a dos kilómetros de la Ruta 101 y algo menos de la Ruta 102. König es una empresa internacional de origen argentino, con casa matriz en Buenos Aires, dedicada a la fabricación y venta de productos veterinarios.
Presente en casi todos los países de América Central y del Sur, con filiales en Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, König solo tenía en Uruguay una distribuidora hasta que decidió, con una inversión de 4,6 millones de dólares, instalar una planta de 3.000 metros cuadrados para producir grandes volúmenes de antiparasitarios inyectables y orales para bovinos, ovinos y porcinos.
La zona rural de Paso Hondo es considerada pulmón ecológico del área suburbana de Colonia Nicolich y parte del corredor verde de los humedales del arroyo Carrasco. Está poblada por familias asentadas desde hace años en el lugar, dedicadas a horticultura y fruticultura, forestación, producción ecológica, cría de ovejas, vacas y caballos, tambo, hidroponía, club de campo y áreas deportivas, entre otras actividades.
Durante la administración del intendente Marcos Carámbula, dentro de las directrices de ordenamiento territorial de Canelones, fue delimitada al costado de la Ruta 101 del lado de Colonia Nicolich una franja de unos 300 metros de ancho formada por predios con la categoría de suelo suburbano para constituir el denominado ‘corredor industrial y logístico’ destinado al fomento y desarrollo de estas actividades.
Además del corredor, el departamento tiene cinco parques industriales y tecnológicos. No existe ninguna razón técnica para que la planta de König se sitúe en Paso Hondo, más allá del negocio de pagar 100 mil dólares por un predio que en áreas industriales cuesta tres millones de dólares. Pero para montar una fábrica allí había que modificar la normativa y, sin duda, eso alteraría la vida y el hábitat del entorno.
A pesar de la manifiesta ilegalidad, la empresa inició los trámites para la instalación de la fábrica cuando el predio aún estaba bajo la categoría de suelo rural. Fue rechazada por ese motivo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) hasta que logró finalmente que el gobierno de Canelones, salteándose etapas legales y la opinión de los pobladores afectados, aprobara la recategorización del suelo.
La irregularidad es perceptible a simple vista en los planos del Plan Parcial Colonia Nicolich, Aeroparque y Ruta 101. En el centro de una extensa zona rural coloreada de verde aparece un predio de 5,6 hectáreas pintado de amarillo como suburbano. Para darle una apariencia de rigor a la decisión puntual, le agregaron la definición de «potencialmente transformable» a la franja aledaña a ese terreno.
Irregularidades del proceso
La primera irregularidad fue la pretensión de instalar una actividad industrial en suelo rural. Por dos veces, el mismo año de la compra 2006 y en 2014, König S.A. tramitó ante la Dinama la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) y la Autorización Ambiental Previa (AAP), que el organismo rechazó por causa obvia.
En la segunda instancia, la empresa había logrado el apoyo de la Intendencia y que la Junta Departamental diera el aval para la recategorización del terreno a suburbano. Para eso, la Intendencia lo incluyó en el Plan Parcial de Nicolich, Aeroparque y Ruta 101, que aún no estaba aprobado. Con ese anticipo, König solicitó autorización para iniciar la obra «en forma transitoria» (sic), pero volvió a ser rechazada.
La segunda irregularidad estuvo en el procedimiento de recategorización del predio de König mediante una simple resolución de la Junta y el Intendente.
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley OTDS N° 18.308), promulgada en 2008, establece en su Artículo 34 que «Únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y categoría suburbana mediante la elaboración y aprobación de un programa de actuación integrada». Los programas de actuación integrada constituyen Instrumentos Especiales de esa ley.
De acuerdo con el Artículo 25, «Los instrumentos se someterán a la consideración del órgano competente para adoptar su aprobación previa, a efectos de abrir el período de audiencia pública y solicitud de informes». Es decir, que esa aprobación no es la definitiva. El mismo artículo agrega que «La audiencia pública será obligatoria para los Planes Locales y para todos los Instrumentos Especiales«.
No hubo programa de actuación integrada ni audiencia pública. Y la definición de área «potencialmente transformable» fue simultánea, no antes como requiere la ley.
La tercera irregularidad es el documento presentado a la Dinama para la autorización ambiental. El informe elaborado por la consultora EIA (Estudio Impacto Ambiental) desvaloriza tendenciosamente las características originales del lugar y justifica el uso industrial del predio de König alegando que esa zona ya «ha perdido el carácter de agropecuaria» y es considerada dentro de las «reservas para una expansión urbana».
En abril de 2016, invocando al Director General de la Secretaría de Planificación de la Intendencia, Sergio Ashfield, König solicitó otra vez el «uso industrial en dicho padrón en forma transitoria». Esta vez, la División de Evaluación de la Dinama aprobó la VAL y el proyecto con Categoría A, pero la Asesoría Jurídica del organismo consideró que carecía de base legal para hacerlo y recomendó revocar la VAL y la categorización.
La controversia en la Dinama se resolvió trás conocerse la aprobación en junio del Plan Parcial, con el aval adicional de la Dinot (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial). El 22 de noviembre, la ministra Eneida de León firmó la autorización ambiental.
Perplejidad de los pobladores
En diciembre, aparecieron unas máquinas preparando el terreno para la obra. Tras la licencia anual del sector, en enero de 2017 comenzó la construcción de la planta de 3.000 metros cuadrados de König. Hasta entonces los vecinos no tenían noticia del propósito de la empresa y las decisiones departamentales. Al tratar de informarse al respecto, se enfrentaron con un muro de silencio en la Intendencia.
De acuerdo con la arquitecta Mercedes Villar, vecina de Paso Hondo que se dedica a la cría y alojamiento de equinos, las oficinas de la Intendencia de Canelones llegan a ser hostiles cuando se solicita información de sus trámites internos. La experiencia no es similar con la Dinama, aunque el organismo se exime de responsabilidad en el caso, escudándose en las decisiones de ordenamiento territorial.
Sin poder disociar una cosa de la otra, simultáneamente con el comienzo de las obras de König, la empresa Bitafal comenzó a descargar desechos al aire libre en el predio de enfrente, que sigue siendo suelo rural. La fábrica del Grupo Bitafal, ubicada en la zona suburbana de Colonia Nicolich, produce y transporta asfaltos especiales, junto con maquinaria, para la construcción y mantenimiento de carreteras.
Los vertidos asfálticos y otros residuos tóxicos de Bitafal son depositados directamente en el suelo o enterrados en recipientes. Fue necesario usar un tractor para liberar a dos vacas que se habían quedado pegadas al asfalto y otro tanto ocurrió con dos perros de la localidad. Cuatro denuncias de vecinos sobre el vertedero de Bitafal fueron archivadas por la Dinama alegando que es material reutilizable.
En setiembre de 2017, una representación de vecinos del paraje Paso Hondo y de residentes de Colonia Nicolich manifestó a la Junta Departamental su «profundo desacuerdo con el otorgamiento del permiso de construcción a la fábrica argentina de productos químicos König S.A.». Llevan recogidas más de 400 firmas solicitando la inmediata suspensión de la construcción en curso por su ilegalidad.
«No puede ser, como proyecto país, que la voluntad de una empresa extranjera desencadene procesos administrativos que conduzcan a acciones contrarias a las leyes», declaró a Sudestada Mercedes Villar, la cara más visible del grupo de vecinos movilizados. «Estas intervenciones van contra nuestro marco legal y por ello en contra de los intereses legítimos de la sociedad uruguaya», agregó.
Los pobladores del Paso Hondo sienten que les va la vida en este proceso y piensan apelar a todos los recursos disponibles, incluyendo a la Justicia. Si se llegara a revertir la situación, la empresa reclamará ante los hechos consumados. Los funcionarios responsables, ¿se harán cargo de los costos de sus malas decisiones? Ante tantos juicios contra el estado, ¿no sería un tema prioritario para legislar?