Reaparece la idea de extraer agua del Río de la Plata para asegurar el abastecimiento de Montevideo en un proyecto que replantea la posible gestión privada del servicio de agua potable.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 28/3/2021.
«Se aprobó una iniciativa privada de vital importancia», dijo el presidente Luis Lacalle Pou, en su discurso ante el Parlamento el 2 de marzo último. El mandatario anunció un proyecto de unos 200 millones de dólares para la captación de agua del Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora y una tubería de más de 80 kilómetros de longitud, entre las tres inversiones más importantes estudiadas por el gobierno nacional.
El proyecto denominado «Neptuno – Mejora de la Cantidad y Calidad del Agua del Área Metropolitana de Montevideo», fue presentado por las empresas uruguayas Ciemsa, Berkes y Saceem, junto a la brasileña Fast, en el marco de la Ley N°17.555 de 2002 que habilitó al Estado a recibir iniciativas del sector privado para ser ejecutadas en forma directa o por concesión de acuerdo con las normas en vigencia.
Berkes y Saceem integran el Grupo Vía Central a cargo del Proyecto Ferroviario de la planta de celulosa de UPM en Durazno. Son empresas constructoras con proyección internacional cuyo negocio es asociarse con los estados en obras de infraestructura y logística. Cuando esa asociación adopta vías espurias ha dado lugar a los casos más sonados de corrupción de los últimos tiempos en los países de la región.
Según el procedimiento previsto por la ley 17.555, una vez aprobada la iniciativa por la Presidencia de la República, el ente involucrado, OSE en este caso, debe analizar si cumple los requisitos legales y es aceptable la propuesta. La aprobación por la OSE el pasado 24 de febrero abrió una nueva etapa donde los proponentes deben presentar un estudio de factibilidad para realizar la evaluación final del proyecto.
Al cabo de este proceso, la Administración puede aceptar o rechazar el proyecto, sin incurrir en responsabilidades si no lo acepta. A su vez, la aceptación no significa la adjudicación sino que debe llamarse a una licitación pública para elegir la mejor oferta. No obstante, los proponentes iniciales tendrán entre el 5 y el 20 por ciento de ventaja en el puntaje frente a los competidores y la posibilidad de mejorar su oferta.
Si los promotores del proyecto no se presentan o no son los ganadores de la licitación, tendrán derecho a recibir del adjudicatario una compensación equivalente al costo de los estudios realizados. Aunque el director de Saceem, Alejandro Ruibal, presenta la propuesta como si fuera una audaz innovación empresarial, la idea tiene medio siglo y la OSE estaba analizando en el año 2000 un proyecto muy semejante.
El proyecto «Transferencia de agua del Río de la Plata a Montevideo y reforzamiento institucional de OSE” era apoyado desde la Gerencia General por el ingeniero Arturo Castagnino. En 2005, al sobrevenir el gobierno del Frente Amplio, este proyecto fue dejado de lado y Castagnino removido de la gerencia. Pero en abril de 2020, bajo el gobierno de la coalición multicolor, Castagnino fue restituido en el cargo.
Aparentemente, las autoridades anteriores a los 15 años de gobierno del Frente Amplio volvieron por sus fueros e hicieron resurgir el proyecto para usar el Río de la Plata como fuente alternativa para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Montevideo. Sin embargo, entre aquel proyecto y el actual existen diferencias en el alcance, las condiciones técnicas y, sobre todo, en el modelo de gestión.
Similitudes y diferencias
Ambos proyectos ubicaron la toma de agua frente a la playa de Arazatí. El proyecto de OSE trasladaba el agua por una tubería de 11 km, un canal a cielo abierto de 41 km y otra tubería de 47 km hasta la planta potabilizadora en Melilla. Salvo que el proyecto Neptuno sitúa la planta potabilizadora junto a la toma del agua y no tiene el tramo de canal a cielo abierto, la estructura de las propuestas es coincidente.
OSE en 2003 se proponía no solo diversificar las fuentes de agua para Montevideo y la seguridad de abastecimiento frente a una sequía severa, sino también suministrar agua bruta al sector agrícola en el área de influencia del proyecto. Se estimaba poder atender unas 16.000 hectáreas de cultivos mientras el área regada en ese momento era del orden de 4.266 hectáreas, o sea, un 27 % del área potencial.
El proyecto Neptuno no incluye el riego, aunque sus autores no lo descartan. En una entrevista, Ruibal expresó que su propuesta no anula los proyectos de represas en los arroyos Casupá y El Soldado, aguas arriba en la cuenca del Río Santa Lucía, y que el ente puede vender agua bruta si tiene excedente. Aludía a la Ley N°17.277 del año 2000 que modificó la Ley Orgánica de OSE habilitando esa posibilidad.
Desde su origen esta idea fue muy controvertida. Un informe titulado «Cuenca del Río de la Plata: estudio para su planificación y desarrollo. Cuenca del Río Santa Lucía. Desarrollo de los Recursos Hídricos», publicado por la Secretaría General de la OEA en 1971, descartó esa alternativa por considerarla muy costosa y porque en el sitio elegido algunos días del año hay salinidad incompatible con la potabilización.
La nueva administración del Frente Amplio en OSE descartó el proyecto de extracción de agua del Río de la Plata por razones técnicas, políticas y de gestión. Según Daoiz Uriarte, a cargo de la Secretaría General del ente desde 2005, los estudios realizados hasta 2012 mostraban que la intrusión salina llegaba al menos varias veces por año hasta Arazatí, lo cual arriesgaba el abastecimiento y generaba inseguridad.
Para Uriarte, el problema del abastecimiento metropolitano no era de cantidad sino de distribución y, cuando se construyó en dos años la sexta línea de bombeo y el troncal del Cerro, se acabaron los problemas de abastecimiento. La capacidad de reserva se resolvía con la sobreelevación de la represa de Paso Severino, que ya tiene hechas las expropiaciones, pero luego se priorizaron las represas aguas arriba.
Con respecto a la contaminación, Uriarte considera que esas dos represas, al estar en la misma cuenca del río Santa Lucía, no resuelven un problema que se debe detener controlando y multando a los productores rurales, responsables del 80 por ciento de la sobrecarga de nutrientes en el agua. En este aspecto, la alternativa del Río de la Plata tampoco es una solución porque tiene el mismo tipo de contaminación.
En cuanto a la inversión, mientras con el proyecto Neptuno se habla de 200 millones de dólares, para el proyecto de OSE se calculaban 27:260.000 dólares en 2003, que actualizados a 2021 equivalen a unos 40 millones de dólares. En esta cifra se incluía el equipamiento y las redes de distribución extra predial para el riego, junto con un programa de apoyo a los agricultores y otro de apoyo institucional a OSE.
Violentando las normas
Por encima de las consideraciones técnicas, ambientales y económicas requeridas en cualquier proyecto, tratándose del servicio de agua potable se debe decidir quién se hará cargo no solo de la obra sino de la operación posterior. La forma de la gestión futura de este proyecto, que en principio está claramente resuelta por disposiciones constitucionales y legales, está dando pie a un replanteo de estas normas.
De acuerdo con la ley 17.555, la aprobación de la iniciativa por la Presidencia de la República y por el Directorio de OSE no significa la aprobación final del proyecto ni de la gestión de la obra y del servicio a prestar. Sin embargo, mientras los proponentes elaboran los estudios de factibilidad requeridos, ya se han expresado públicamente algunas posiciones que permiten anticipar las intenciones en juego.
En diciembre, el nuevo presidente de OSE, Raúl Montero, reveló que a la represa de Casupá, con financiamiento de 80 millones de dólares ya resuelto por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), le habían surgido competidores. Siguieron solo vagas referencias a una alternativa en el Río de la Plata por el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, hasta el anuncio en el mensaje presidencial de marzo.
Montero se ha mostrado partidario de esa opción por la ventaja de no depender de una sola fuente, admitiendo al mismo tiempo que estudian la posibilidad de que la empresa adjudicataria mantenga y opere la nueva infraestructura. A la vez que afirma que no harán nada fuera de la Constitución, lo justifica diciendo que “OSE contrata un montón de cosas. Compra tuberías, no las fabrica, y nadie dice nada”.
La postura oficial se manifestó más claramente en un informe de la Gerencia Jurídico Notarial de OSE (*) que sostiene que este proyecto no viola la disposición del Artículo 47 de la Constitución, votada en el plebiscito de 2004, por la cual «El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».
Dicho informe jurídico afirma que existe una «crisis de la noción de servicio público» para alegar después que la norma constitucional solo implica «la obligación legal de llevar a cabo una actividad de prestación … sin que importe si el prestador posee o no ánimo de lucro y cuál es el titular de la actividad» (sic). Según esta interpretación, el Estado podría ser un mero intermediario que compra y vende servicios.
El Directorio de OSE aprobó la iniciativa por unanimidad. El director del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, fundamentó el voto en la conveniencia de conocer con el estudio de factibilidad los costos reales y aspectos fundamentales de la propuesta para dar una opinión definitiva. Ortuño se quejó de contar con una información limitada y de estar siendo excluido en la consideración de proyectos estratégicos del ente.
Este año, el acto del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, por la Comisión Nacional, otras comisiones locales y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), se centró en las implicaciones del proyecto Neptuno. «Se quiere reinterpretar el artículo 47 e incluso modificar la Ley Orgánica de OSE que antepone las razones de orden social a las de orden económico», denunció el dirigente de FFOSE Nicolás Ferreira.
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