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Las autoridades ambientales explicaron a legisladores las causas del vertido químico y aún evalúan sus consecuencias para decidir posibles nuevas sanciones.
Víctor L. Bacchetta y Pablo Alfano, en Sudestada 15/10/2023.
La plana mayor del Ministerio de Ambiente concurrió a un llamado realizado por la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el origen y los posibles impactos en el Río Negro del derrame químico ocurrido el 16 de agosto en la zona franca de la planta de celulosa de UPM en el departamento de Durazno, que afectó al arroyo Sauce y a un predio vecino.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, señaló que “indudablemente fue un incidente de una descarga incontrolada de efluentes en el arroyo Sauce”, por parte de la multinacional de origen finlandés UPM.
No obstante, buscó minimizar el derrame con el argumento que “el volumen total del derrame sería unos 950 metros cúbicos, de los cuales 230 metros cúbicos serían los de mayor nivel de concentración de soda. Y el volumen total de soda involucrado es de 50 metros cúbicos al 50%”.
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Para Bouvier este es “un dato relevante de acuerdo con la trascendencia que tuvieron en la prensa determinas cifras que se manejaron a raíz de un artículo que, obviamente, tenía información errónea. Estos datos que estamos dando ahora han sido validados. Vuelvo a repetir: el total de volumen de soda involucrado es de 50 metros cúbicos al 50%”.
El 1° de octubre Sudestada reveló detalles del derrame ocurrido que fue corroborado al día siguiente, en el semanario Crónicas del Este, por el doctor Esteban Calone, integrante de la Comisión de Seguimiento de UPM 2. En la reunión de esa comisión del pasado 26 de setiembre, el representante de la empresa UPM le informó a Calone que el derrame en la planta de Pueblo Centenario -cerca de Paso de los Toros- había sido de 900 mil a un millón de litros de soda cáustica.
El ministro explicó que el derrame se debió a “una filtración en una pileta de control que infiltró hacia la masa de tierra circulante y desde allí percoló en dirección al arroyo, favorecido por el desnivel del terreno”, según consta en la versión taquigráfica de la reunión.
Además, durante su comparecencia de casi 5 horas ante los legisladores Bouvier reconoció que “el efluente contenido en esta pileta no estaba de acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental de Operación, oportunamente aprobado. Quiere decir que ahí indudablemente constatamos que hubo un apartamiento de lo estipulado en él”.
Bouvier señaló que UPM cometió “una infracción tipificada como grave en el cumplimiento de requisitos aprobados en el Plan de Gestión Ambiental de Operación” y que la sanción impuesta es de 1.000 Unidades Reajustables (UR), un poco más de 40 mil dólares. Explicó que esta sanción se ubica “en un rango medio de infracciones graves que van de 200 hasta 3.500 UR”.
En ese sentido, el jerarca adelantó que su cartera ahora evalúa si es necesario aplicar otra multa de acuerdo con la afectación ambiental, “que vamos a evaluar una vez tengamos los resultados de cómo va la evaluación”.
Las críticas a la gestión del incidente
El diputado Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto, preguntó sobre el funcionamiento de los sensores en la pileta donde se encontraba el líquido derramado y, también, “si el Ministerio (de Ambiente) ha controlado estos sensores en algún momento, porque estamos hablando de una planta que fue inaugurada hace cuatro meses. Yo vi, prácticamente, a todos los ministros de este gobierno en esa fiesta. Estamos hablando de una planta de reciente comienzo de funcionamiento”.
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Luego de recordar varias multas que la multinacional ya ha tenido durante la construcción de la planta y desde que comenzó a producir celulosa, Menéndez dijo que si la planta se enteró del derrame de soda cáustica por un vecino, “me causa un poco de suspicacia el hecho de que se establezca exactamente el volumen derramado, cuánto fue de soda y cuánto fue de agua y no se sabe desde cuándo”. A esto, dijo el diputado de la coalición de gobierno, se agrega que “el Ministerio (de Ambiente) concurre cuatro días después de sucedido el hecho”.
Menéndez recordó que este desastre ambiental ocurrió el 16 de agosto “y creo que a la prensa salió la semana pasada, en los primeros días de octubre”. Y preguntó a las autoridades: “¿No les pareció trascendente comunicar a la población sobre este hecho que a nosotros nos parece tan o más grave que ese aumento de efluentes que se había salido a comunicar a la prensa?”.
El ingeniero hidráulico Ambiental, Eugenio Lorenzo, explicó que “no es que faltaran sensores; los sensores estaban todos. Lo que ha pasado es que no ha habido un celo en el seguimiento de la evolución de esos sensores que estaban dando información, que dijera: Acá, señores, tenemos un derrame, una infiltración al cuerpo de agua”.
“Me parece importante recalcar que no es que no hubiera sensores. Los sensores estaban y estaban operando. Solamente había un sensor de esos que no estaba operando, pero tampoco es demasiado relevante. Aquí, lo que se tiene son piletas que llevan distintas cosas: una lleva ácido sulfúrico y otra lleva soda (…) Lo que sucedió es que la empresa no controló que lo que estaba tirando en este lugar no descendiera”, dijo Lorenzo quien es director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).
Proponen iniciarle un juicio a UPM
Por su parte, el diputado independiente Eduardo Lust catalogó este derrame de soda cáustica como el “mayor daño ambiental de la historia” y señaló que “ustedes (el Ministerio de Ambiente) dicen que fueron unos pocos peces, unas viejas del agua muertas, unas tarariras, pero para mí es mucho más grave que eso”.
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“Un paisano se dio cuenta de que perdieron cientos de miles de litros de productos químicos, debe haber habido algunos funcionarios que estarían mirando el celular, o no sé qué estarían haciendo, me imagino que esa gente fue despedida de UPM”, dijo Lust, quien hasta febrero ocupó su banca por Cabildo Abierto.
El legislador preguntó al ministro si en la empresa UPM se produjeron despidos de personal tras el desastre ambiental “porque falta más grave que ésta, la tragedia más grande que hay en el Uruguay y con la responsabilidad social que UPM trasmite, descarto que fueron despedidos (…) Si no hubo despidos, tengo derecho a pensar que esto fue ex profeso”.
Lust propuso aplicar el artículo 42 del Código General del Proceso que permite iniciarle un juicio a la multinacional de origen finlandés por los daños y perjuicios tras el vertido de soda cáustica, en las inmediaciones de Pueblo Centenario, en Durazno.
“¿El Ministerio de Ambiente está pensando en utilizar una herramienta que ya tiene independientemente de la ley que usted bien dice que no se ha aprobado, ya que el artículo 42 del Código General del Proceso le permite iniciarle juicio a los que causen un grave daño al medio ambiente o a valores culturales o históricos en general?”, dijo Lust.
El legislador también basó su solicitud según lo estipulado en el artículo 47 de la Constitución, que señala que “la protección del medioambiente es de interés general”.
Las autoridades prometieron estudiar la idea de Lust. El gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente, Marcelo Cousillas, explicó que la cartera ya ha iniciado juicios en otras oportunidades “y podríamos hacerlo en este mismo caso, en la medida en que los informes técnicos relevaran la situación, antes, durante el derrame y posteriormente, en las exigencias de recomposición que se puedan imponer”.
El ministro Bouvier había señalado minutos antes que “indudablemente, las multas monetarias en estos casos no son la principal medida de disuasión, porque en el volumen de facturación que tienen las empresas no impacta desde el punto de vista económico. Pero, tenemos otros mecanismos, como son las sanciones de difusión pública, que afecta la reputación que tiene la empresa de manera importante y quizás hasta más que lo económico. Estos son otros mecanismos que podemos implementar”.
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