La gremial cuestiona una decisión ministerial que otorga, a su arbitrio, aumentos salariales especiales e individuales a funcionarios a cargo de las autorizaciones ambientales de la nueva planta de UPM.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 4/6/2019.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, anunció días atrás su decisión de conceder aumentos salariales especiales a algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). «Lo voy a decidir yo con nombre y apellido», afirmó la secretaria de Estado y agregó que beneficiará a los funcionarios con sueldos más bajos que tengan «una actitud perfecta” (sic).
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), «rechaza absolutamente tal decisión tanto por la forma como por su contenido», expresó un comunicado el último fin de semana. Para la gremial, la decisión ministerial sienta un precedente muy peligroso y retrotrae a «prácticas propias de épocas oscuras para la democracia de nuestro país, donde había funcionarios clase A, B y C».
El anuncio de la ministra estaba precedido por el Decreto V/543 del Poder Ejecutivo del 13 de mayo pasado, donde el presidente Tabaré Vázquez, junto con los titulares de Medio Ambiente y de Economía y Finanzas, destinaron hasta 20 millones de pesos uruguayos para abonar «una compensación especial» a aquellos funcionarios de la Dinama que cumplan sus tareas con determinadas exigencias.
¿Cuáles son esas exigencias? «Para ser beneficiarios de esta compensación, los funcionarios deberán cumplir las tareas especiales encomendadas con alta especialización, responsabilidad especial, máxima dedicación y permanencia a la orden, perdiendo el derecho de percibirla una vez que dejaran de cumplirlas o fueran desafectados de las mismas», establece el Artículo 2° del decreto.
Los antecedentes de este decreto sin precedentes remiten al conflicto surgido en enero de este año en el MVOTMA cuando De León canceló las licencias de varios funcionarios de la Dinama con el fin de acelerar la tramitación de las autorizaciones ambientales de la planta de celulosa de UPM en el Río Negro y sus componentes clave, los proyectos del Ferrocarril Central y la Terminal Portuaria.
La extrema urgencia de la ministra provenía de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en el acuerdo firmado con la multinacional finlandesa donde fueron incluidos plazos perentorios para todas las autorizaciones ambientales. Habituada a ejercer una férrea autoridad con sus subordinados, De León encontró esta vez una resistencia inesperada de los funcionarios y de la gremial del organismo.
La decisión de la ministra fue la gota que colmó el vaso del descontento acumulado por los funcionarios que, desde más de un año atrás, reclamaban una instancia de diálogo para tratar las reivindicaciones laborales. De León calificó de «chantaje» las medidas gremiales que paralizaron los trámites en la Dinama, pero no tuvo más remedio que avenirse a una negociación en la Dirección del Trabajo.
Superado el diferendo en esa instancia, la titular del MVOTMA firmó la Autorización Ambiental Previa (AAP) del Proyecto Ferroviario el 18 de marzo. La tramitación de este proyecto, el primero del cronograma acordado con UPM, ya había sido a paso forzado, con audiencias públicas realizadas en medio de las fiestas de fin del año. El caso de la terminal portuaria y la planta de celulosa fue más forzado aún.
Con la planta de celulosa, la Dinama trastocó el procedimiento de las evaluaciones de impacto ambiental e hizo superponer la Puesta de Manifiesto del estudio del proyecto con una Audiencia Pública celebrada la víspera del 1° de Mayo. La AAP de la terminal portuaria se firmó el 10 de mayo y la de la planta industrial cuatro días después, justo antes de la visita programada del presidente de UPM, Jussi Pesonen.
La marcha forzada impuesta en el MVOTMA para facilitar la posible instalación de la planta de UPM en el Río Negro no ha culminado y deberá proseguir ahora con las Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO) de cada una de las partes y de los proyectos forestales para abastecer a la planta. Sin embargo, apelar a la bonificación especial para los funcionarios introduce una nueva fuente de conflicto.
«La ministra De León no tiene prurito en expresar abiertamente que se instalará una especie de “meritocracia”, que llevará a la sobre explotación ya que los trabajadores deberán hacer más trabajo del que les corresponde y propenderá a la lucha individual por obtener los favores de quien aparentemente pretende terminar su mandato con un estilo de conducción cuasi monárquico», afirma la declaración de COFE.
La organización de los funcionarios públicos considera que el Decreto V/543 «atenta – indirectamente – contra la organización sindical» y se compromete a enfrentarlo.
Inconstitucionalidad en año electoral
Pero, más allá del contenido, la decisión del Poder Ejecutivo está viciada de nulidad. «Dicha adjudicación es una inconstitucionalidad más de este proceso», afirma el doctor Eduardo Lustt Hitta, profesor Grado 4 de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Lustt explica que la Carta no permite aumentos de sueldos ni bonificaciones especiales en el año en que se celebren elecciones
Según lo establecido en el Artículo 229 de la Constitución, el Parlamento, las juntas departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados, «no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias».
Si bien el Artículo 86 atribuye privativamente al Poder Ejecutivo, «la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios», para ser aprobada requiere de una ley que, por lo antedicho, no puede ser votada este año.