Juicio contra UPM de obrero accidentado

Quemaduras en los brazos del obrero Francisco Boggi producidas por contacto con sulfuro de sodio.

El trabajador que sufrió graves quemaduras durante la construcción de la planta de celulosa en Fray Bentos, lleva más de 10 años en un juicio contra UPM y demanda también a varios médicos del Banco de Seguros.

Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 23/8/2019.

El 14 de agosto de 2007, a eso de las nueve de la mañana, se produjo uno de los más graves accidentes durante la construcción de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos. Varios obreros se encontraban realizando tareas de terminación de la obra cuando, impulsada por una ráfaga de viento, los alcanzó una nube de sulfuro de sodio en polvo, con el que estaban llenando paralelamente un tanque cercano.

Los obreros afectados pertenecían a la empresa Isolanger, contratada para realizar trabajos de aislamiento de esa área, y no poseían ninguna protección especial. El llenado del tanque era realizado por empleados de Botnia usando los elementos de seguridad adecuados para esa tarea. Cuando se realizan actividades diferentes de esa naturaleza deben coordinarse específicamente o no ser simultáneas.

El delegado del Sunca, Marcelo Castillo, atribuyó el accidente a “más que nada error de la empresa Botnia otra vez, cuando manipula productos químicos en horario donde está todo el mundo trabajando”. En declaraciones a la radio El Espectador, Castillo reclamó que la empresa no ocultara información y que “en el mes y medio que queda de trabajo, los compañeros no se caigan como hojas de los árboles” (sic).

Botnia estaba apremiada por culminar las obras y poner en funcionamiento la planta, que entraría finalmente a producir en noviembre de ese año. El accidente tuvo gran repercusión pública por las tensiones políticas de ese momento relacionadas con la instalación de la planta, sobre todo por el conflicto surgido con los asambleístas de Gualeguaychú que habían cortado el paso por el puente San Martín.

Diario El Observador del 21/8/2007.

En este contexto, el gobierno uruguayo estaba preocupado por mostrar una actitud de exigencia frente a Botnia. A la salida del Consejo de Ministros realizado una semana después donde se dio un informe del caso, el presidente Tabaré Vázquez consideró “inadmisible” el accidente y el entonces ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Mariano Arana, agregó que ese tipo de imprevisiones eran “imposibles de tolerar”.

Los 12 obreros que en ese momento experimentaron náuseas, vómitos e irritación en la piel y en los ojos, fueron llevados de inmediato a la Policlínica de Botnia situada en el lugar y luego trasladados a hospitales de Fray Bentos y de Mercedes. La mayoría de los afectados fue dada de alta pocas horas después, dos quedaron en observación algo más, pero uno de ellos, Francisco Boggi, tuvo complicaciones graves.

Boggi sufrió quemaduras especiales en ambos brazos, parte del cuello y la cara, que se agravaron al lavarse con agua intentando eliminar el producto. La policlínica, los hospitales y los técnicos que trataron a los afectados mostraron no estar preparados para esa eventualidad. Relativizaron la situación e incluso se dijo que era sulfato de sodio y no sulfuro de sodio, dos sales con propiedades muy diferentes.

El incidente no habría pasado a mayores si se hubieran atendido como corresponde sus consecuencias. Pero Boggi se enfrentó a una trama de ocultamiento del origen y la gravedad de las lesiones. Debió buscar un tratamiento adecuado y demoró más de dos años en alcanzar una cura aceptable. Paralelamente, inició un juicio por daños y perjuicios contra Botnia (hoy UPM), en cuyo proceso lleva 10 años.

Los médicos cambian el diagnóstico

“Mientras se efectuaban tareas vinculadas a la elaboración de licor blanco sintético, nueve trabajadores que se encontraban próximos a la zona presentaron síntomas de irritación y malestar”, declaró Botnia tras el accidente. “Se presume que la causa fue que entraron en contacto con polvillo de sulfuro de sodio debido al fuerte viento que existía en la zona”, agregó, reconociendo el producto químico utilizado.

El accidente de Boggi fue denunciado al día posterior al Banco de Seguros (BSE) para poder recibir la atención médica y el subsidio mientras esa persona no puede trabajar. Boggi fue atendido en los días siguientes por el doctor Jean Jaurés, responsable de la Policlínica de Botnia y, al mismo tiempo, médico en la Asociación Médica de Río Negro (Amedrin), entidad a cargo de la cobertura del BSE en Fray Bentos.

Cuando Boggi fue auscultado por la doctora Giomar Calleriza, la dermatóloga que se desempeñaba a la vez en Amedrin, el BSE y el BPS, el diagnóstico cambió. Aunque Calleriza sabía del contacto con sulfuro de sodio, en su informe dijo que el trabajador “presenta en brazos y en cara múltiples escoriaciones de rascado, llama la atención que el proceso es localizado a estas áreas y lo importante del rascado”.

Al separar el accidente de las lesiones, el BSE dio de alta al paciente. Boggi intentó retornar al trabajo en la obra de Botnia pero los encargados no le daban tareas por el estado de las heridas. Volvió entonces a la consulta con la dermatóloga y esta le dijo que lo podía atender como socio de Amedrin, pero no por el BSE, debido a que las lesiones que pretendía que le trataran no estaban vinculadas al accidente de trabajo.

Ante esta situación, el 12 de setiembre, Boggi se presentó en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) adjunto a la Facultad de Medicina de la Udelar. “Gracias a Dios -comenta-, la gente de Toxicología me abrió las puertas, estaban al tanto de lo que ocurría en Fray Bentos, me dieron el pase a Dermatología que fueron los que terminaron dando el tratamiento que en realidad precisaba”.

El informe remitido entonces por la directora del CIAT, la doctora Amalia Laborde, al Servicio de Dermatología, decía que Boggi “presenta elementos de lesión corrosiva, característica del sulfuro de sodio, cuya particular distribución se podría explicar por la persistencia del material particulado en la zona expuesta, debido en primer lugar a la ausencia de medidas de descontaminación en las primeras horas”.

En noviembre, una Junta Médica del BSE presidida por el doctor Néstor Macedo ratificó el parecer sobre la ausencia de vinculación entre el accidente de Botnia y las lesiones de Boggi. Le adjudicaron una “dermatitis facticia”, que es una enfermedad dermatológica y psiquiátrica, en la cual el paciente presenta lesiones auto infligidas para satisfacer una necesidad psicológica sin que sea consciente de ello.

En las primeras semanas después del accidente, Boggi se atendió con Jean Jaurés en la clínica de AMEDRIN en Fray Bentos pero, un mes más tarde, con las heridas aún sin curar, le retiraron la cobertura del BSE. A partir de entonces, debió buscar por su cuenta la atención adecuada y, recién en enero de 2010, pudo iniciar el tratamiento con criocirugía para reducir los queloides alrededor de las cicatrices.

En juicio el prestigio de UPM

Sin la cobertura del BSE e imposibilitado de trabajar, Boggi inició en junio de 2009 un juicio por daños y perjuicios contra Botnia por lo que caracterizó como “una actuación omisa, negligente e imprudente”, reclamando un resarcimiento económico. Hubo dos audiencias de conciliación, sin posibilidades de acuerdo. “Estaban convencidos de que, de una forma u otra, el juicio terminaba a su favor”, afirma el fraybentino.

La defensa judicial de UPM, ya propietaria de Botnia desde fines del 2009, rechazó la demanda en todos sus términos. Negó que el accidente hubiera sido producido por incumplimiento de medidas de seguridad y afirmó que las lesiones que alegaba el demandante no eran consecuencia del accidente, no habían sido provocadas por entrar en contacto con sulfuro de sodio, sino que fueron auto inducidas.

Expediente Boggi vs. Botnia.

Para UPM, la dispersión del químico había sido “ínfima” e “insignificante”, “un caso fortuito” e “intrascendente” generado por “súbitas e imprevisibles ráfagas de viento”. La empresa dijo que los únicos afectados eran de nacionalidad uruguaya, insinuando falso testimonio, y que el CIAT había sido inducido a error. Calificó la demanda de “insólita” y “ridícula”, con el único fin de obtener un beneficio económico.

La defensa de UPM se basó en los pareceres de los médicos del BSE que negaban la vinculación de las lesiones con el accidente. Jaurés negó haberle tratado heridas por sulfuro de sodio y desaparecieron de AMEDRIN y el BSE de Fray Bentos los registros de las consultas. Al final, reconoció ante la Justicia que había mentido, porque Boggi conservaba fotocopias de las recetas y órdenes que lo documentaban.

Boggi relató a Sudestada que fue necesario probar cada hecho y cada afirmación en el juicio que se prolonga hasta hoy. Los otros trabajadores afectados por el accidente no demandaron porque tuvieron lesiones menores, pero fueron los testigos principales presentados en el proceso. A la altura en que se sumaban evidencias en su contra, UPM solicitó en 2014 que se realizara un peritaje de todo el expediente.

El perito designado presentó un informe que confirmaba en lo sustancial el alegato de la demanda, pero UPM lo objetó por no haber estado presente en las pruebas. Hasta 2018 no se designó otro perito porque no se encontraba quien aceptara. Finalmente, asumió la tarea el doctor Hugo Rodríguez Almada, Director del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Udelar.

Rodríguez Almada dictaminó que las heridas de Boggi eran quemaduras químicas por contacto de la piel con sulfuro de sodio. “Se trata de un accidente cuya ocurrencia está por fuera de controversia, que afectó a varios trabajadores, motivó sus asistencia en la propia planta y la posterior denuncia al BSE como accidente de trabajo”, agregó y rechazó que se tratara de una dermatitis facticia no vinculada al incidente.

“La sorpresa fue que UPM pidió otra vez que se anule el peritaje”, comentó Boggi. En abril de este año, la empresa rechazó el informe alegando que el especialista no era dermatólogo, pero la doctora Analía Brito Criado a cargo del juicio, no hizo lugar a la solicitud. El nuevo peritaje fue incorporado al expediente como prueba y la jueza deberá fijar una próxima audiencia para los alegatos finales antes del fallo.

Tenso marco social y político

No son difíciles de imaginar las fuertes presiones sociales y políticas que han rodeado este caso en medio de los conflictos surgidos por la instalación de la primera planta de celulosa de Botnia, ahora UPM, en Uruguay y en Fray Bentos en particular. Y estas presiones se prolongan y recobran fuerza en el presente, cuando la multinacional se apresta a construir una mayor planta de celulosa en el medio del país.

“Fue triste el accidente, pero mucho más triste fue lo que vino después”, dice Boggi. “La obra estuvo parada tres días por lo ocurrido, en el primer mes tuve el apoyo de los compañeros y se me hizo el tratamiento con ese médico que después negó todo. Pero luego del mes y pico, la obra había terminado, no se estaba trabajando más en la construcción y tuve que arreglarme solo para tener el tratamiento”, agrega.

Francisco Boggi.

“Inadmisible no es solo el accidente, inadmisible es que en Fray Bentos haya médicos que se presten a no dar informes o que den informes llenos de mentiras. En estos 13 años han cambiado varias direcciones del Sunca, pero ningún dirigente golpeó en mi puerta para ver si estaba bien, si la atención que se me había brindado era correcta, para ver si mi familia necesitaba algo, para ver si tenía secuelas”, lamenta.

La sociedad fraybentina, con las características de ciudades del interior donde el peso de las empresas y el poder político es más ostensible, estaba dividida entre el apoyo y el cuestionamiento de la planta de celulosa. “Yo estaba en mi casa con los brazos ampollados, y escuchaba a una periodista por la radio diciendo que lo que yo reclamaba era todo una mentira para perjudicar a Botnia”, recordó Boggi.

“Me han preguntado: ¿Vos estás en contra de UPM? Y yo pregunto: ¿Hay que estar en contra de algo para decir la verdad? Yo no tengo que estar en contra de UPM para decir algo que en realidad pasó. Yo no tengo que estar en contra del Sunca para decir que han cometido un error. No tengo que estar en contra de las autoridades del gobierno actual para decir que se equivocaron en esto”, afirma Boggi.

“Lo importante en esto no es el monto de dinero”, explica a continuación. “El sentido de esta lucha es la verdad. ¿Cuál es la lucha más grande que yo he tenido? Primero, no recibí ninguna asistencia médica por parte del BSE en base a los no informes y a los informes recontra truchos de los médicos. No se me brindó la asistencia médica que en realidad merecía, como cualquier ser humano merece”.

“Hoy se están reuniendo para asegurar lo que pueda ocurrir en la nueva obra de UPM, pero dejaron olvidados a unos obreros que tuvieron un accidente importantísimo en la obra anterior. ¿Con qué cara se van a plantar frente a los obreros de la nueva planta para garantizarles seguridad cuando dejaron tirado a un obrero que sufrió un accidente importante en la otra planta trece años atrás?”, cuestiona.

“Si la he peleado estos 13 años -dice Boggi-, es por el gran apoyo de la familia, mis hijos pasaron hambre, en dos, tres años que no trabajaba anduvieron mal vestidos, hubo que hacer convenio tras convenio con UTE y OSE”. Sigue trabajando en la construcción, en pintura y realiza impermeabilizaciones, pero en verano debe parar de 10:30 a 16:30 horas porque no puede exponerse al sol por indicación médica.